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El Gobierno decidirá el futuro de Garoña en plenas vacaciones

El Ministerio de Energía abre un plazo de diez días para alegar contra el informe del Consejo de Seguridad Nuclear

Miércoles, 12 de Julio de 2017 - Actualizado a las 06:10h

Protesta ecologista contra la central de Garoña.

Protesta ecologista contra la central de Garoña. (Alex Larretxi)

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Protesta ecologista contra la central de Garoña.

Bilbao- Todo parece indicar que la decisión del Gobierno español sobre la continuidad de actividad de la central nuclear de Garoña llegará en plenas vacaciones de verano, probablemente a primeros de agosto. El Ministerio de Energía informó ayer de que abrió el plazo para la presentación de alegaciones, tras lo cual tendrá que decidir si concede o no la autorización de explotación para que la central burgalesa pueda volver a la actividad. Este plazo de diez días hábiles concluirá a finales de julio con lo que el Gobierno español podría estar en disposición de hacer pública su decisión en el último Consejo de Ministros de este mes o en el primero de agosto.

Según indicó ayer el Ministerio de Energía, la apertura del plazo de audiencia fue notificada a las once entidades personadas en el procedimiento administrativo que debe decidir el futuro de la planta nuclear. Las entidades que están en el procedimiento y que pueden presentar alegaciones son el Parlamento Vasco, el Gobierno vasco, la Junta de Castilla y León, el Gobierno de Nafarroa, la Diputación de Araba, el Gobierno de La Rioja, la Asociación de Municipios de Áreas con Centrales Nucleares (AMAC), Nuclenor (la empresa propietaria de la central participada al 50% por Endesa e Iberdrola), Greenpeace, Ecologistas en Acción de Burgos y la Asociación Ecologista Centaurea. Estas instituciones, asociaciones y empresas personadas han estudiado durante casi cinco meses el informe que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitió sobre Garoña, por lo que ahora deben hacer llegar al Gobierno sus consideraciones.

Hasta 2031En ese informe, preceptivo pero no vinculante, el regulador dio el visto bueno a la continuidad del reactor, cuyo empresa titular, Nuclenor, solicitó volver a operar hasta 2031, cuando la planta atómica cumplirá sesenta años. Una vez termine el procedimiento de audiencia y después de estudiar las alegaciones que se presenten al informe del CSN, el Gobierno español tomará una decisión sobre la renovación del permiso de explotación de Garoña.

Para las organizaciones ecologistas personadas en el proceso, la avanzada edad de la planta, su falta de cultura de seguridad, la necesidad de una evaluación de impacto ambiental o la tendencia mundial contraria a la energía nuclear son los principales argumentos en contra de la reanudación de la actividad de la central y la ampliación de su vida útil.

Grupos contrarios a la central inciden en que Iberdrola, copropietaria de la planta que lleva parada desde 2012, se mostró partidaria de “desistir” de la continuidad del reactor, y alegan que hay “suficientes indicios” que apuntan a que Garoña “no está en condiciones de continuar, por seguridad y porque Nuclenor tiene una cultura muy baja de seguridad”. - Efe / E. P.

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