9 de cada 10 euros se pagan con empleo

Los bajos salarios impiden cuadrar las cuentas de pensiones

Los ingresos por cotizaciones sociales crecen dos puntos menos que los presupuestados

Xabier Aja - Martes, 11 de Julio de 2017 - Actualizado a las 06:10h

El Pacto de Toledo estudiará mantener el poder adquisitivo de los pensionistas que ahora ya no está ligado al IPC.

El Pacto de Toledo estudiará mantener el poder adquisitivo de los pensionistas que ahora ya no está ligado al IPC. (Foto: José Mari Martínez)

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El Pacto de Toledo estudiará mantener el poder adquisitivo de los pensionistas que ahora ya no está ligado al IPC.

BILBAO- El crecimiento de la economía española y del empleo no consigue que los ingresos por la vía de las cotizaciones sociales de las personas que trabajan pueden hacer frente a los pagos que reciben los pensionistas y que suman ya la cantidad récord de 8.747 millones de euros mensuales, con datos de junio, un 3,02% más que en el mismo mes de 2016. El resultado es, según señaló ayer Fátima Báñez, ministra de Empleo y Seguridad Social, que “9 de cada 10 euros de pensiones en España se pagan con empleo”, por lo que la creación de puestos de trabajo es el método más eficaz para garantizar el pago de las pensiones. El problema, según los sindicatos, es que los bajos salarios de los nuevos empleos impiden que las cotizaciones sigan el ritmo de crecimiento del gasto en pensiones.

El Gobierno español elaboró los Presupuestos Generales del Estado de este año con una previsión de crecimiento de los ingresos de la Seguridad Social del 6,8% pero la realidad es que solo aumentan un 4,6%, lo que genera un déficit creciente del sistema de la Seguridad Social y el consiguiente agotamiento de la denominada hucha de las pensiones.

El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), José Luis Escrivá, dejó claro en el Congreso de los Diputados que la desviación de la Seguridad Social va a superar este año los 16.000 millones de euros que suponen el 1,4% del PIB español, y que está prevista en los Presupuestos Generales del Estado de este año.

La falta de credibilidad del Gobierno español en este tema es palmaria si analizamos las cifras de los últimos años. Por ejemplo, tomando como referencia la cifra de 2011, con unos ingresos por derechos reconocidos de 105.311 millones de euros, las recaudaciones por cotizaciones sociales del período 2012-2016 resultan inferiores en todos y cada uno de los últimos ejercicios. El desvío acumulado producido como consecuencia de ello es de unos 24.000 millones de euros.

¿Por qué los ingresos por cotizaciones sociales no cubren los gastos en pensiones? En primer lugar, por la destrucción de empleo acontecida durante la crisis. De hecho en el periodo 2012-2016 se perdieron, de promedio anual, unos 550.000 afiliados a la Seguridad Social por lo que hay menos cotizantes pese al repunte del empleo en los últimos meses.

En segundo lugar, es una realidad incuestionable que la precarización del mercado laboral propiciada por las reformas laborales del PSOE, en 2010, y PP, en 2012, han tenido como consecuencia una notable devaluación salarial.

Por último, tal y como denuncian una y otra vez los sindicatos, los incentivos a la contratación, orientados a favorecer el interés empresarial y la tarifa plana para autónomos, financiados en ambos casos, ayudan a mermar las cotizaciones de la Seguridad Social.

En este contexto, el Gobierno español se remite a las próximas reuniones del Pacto de Toledo, destacando que es necesario redefinir “qué partidas paga” la Seguridad Social y qué abona el Estado. Esta última afirmación se encuadra en el debate existente en el propio Pacto de Toledo sobre si algunas de las pensiones, como podrían ser las de viudedad y orfandad, deberían pasar a depender directamente de los Presupuestos Generales el Estado y, en consecuencia, deberían ser financiadas mediante impuestos en vez de por las cotizaciones.

Es en este marco macroeconómico, con un déficit de la Seguridad Social creciente, donde hay que enmarcar los ahora continuos llamamientos del Gobierno español para que suban los salarios en España. No es tanto por interés del colectivo de asalariados o por justicia social sino porque, sencillamente, a Rajoy no le cuadran las cuentas públicas y no sabe cómo aumentar los ingresos por vía de las cotizaciones sociales de forma que pueda cumplir con el objetivo de déficit público pactado con la UE.

Una subida de salarios tendría, a corto plazo, un efecto inmediato positivo para el Estado por una doble vía. En primer lugar, porque a mayores salarios, mayores cotizaciones, luego más ingresos para la Seguridad Social, y, en segundo lugar, porque si una parte de los 18,433 millones de afiliados a la Seguridad Social tiene sueldos más altos podrá consumir más y generar más ingresos vía IVA.

Subida salarial

De ahí los continuos llamamientos del Gobierno a la patronal española para que acepte una subida de salarios pese a que entraría en contradicción con el mensaje de años pasados y, sobre todo, con los hechos, la reforma laboral, que debilita la posición sindical en la negociación de convenios ayudando a la extensión de salarios muy bajos en amplios sectores de la población.

Pese a que el ritmo de afiliación a la Seguridad Social crece a ritmos muy altos, en junio había 673.000 ocupados más que hace un año, los salarios de buena parte de los trabajadores ni siquiera alcanzan la pensión media de jubilación pues, según el INE, el sueldo medio más frecuente no llega a los 1.000 euros netos mensuales cuando la pensión media de jubilación es de 1.063 euros al mes.

Con todo, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, realizó ayer un nuevo llamamiento a la tranquilidad de los “pensionistas de hoy y de mañana” en torno al cobro de sus prestaciones, al sostener que el sistema se basa en “un modelo de pensiones sostenible en el tiempo hoy y también mañana”.

Si ya la Seguridad Social tiene déficit sin reformas, este puede ascender si se tiene en cuenta que el Pacto de Toledo intentará avanzar esta semana en la recomendación referida a la revalorización de las pensiones. La Mesa y Portavoces de la Comisión de Pacto de Toledo se reunirá para debatir sobre la conveniencia de mantener el actual Índice de Revalorización de las Pensiones o modificarlo para que pueda volver a ligarse directamente la subida de la pensión a la inflación. Esto es básico para que los pensionistas vascos, y los del conjunto del Estado, no se empobrezcan por la vía de que sus pensiones no suben en la misma proporción que lo hace IPC, ahora en tasas del 1,5%.


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