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SECUESTRADOS EN 1983

Europa pone bajo la lupa al Gobierno de Rajoy por su trato a las familias Lasa y Zabala

La Comisión Europea analiza si vulneró la legalidad al denegarles indemnizaciones

Txus Díez - Jueves, 6 de Julio de 2017 - Actualizado a las 06:10h

Axun Lasa y Pili Zabala, hermanas de los dos jóvenes asesinados.

Axun Lasa y Pili Zabala, hermanas de los dos jóvenes asesinados. (Ruben Plaza)

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Axun Lasa y Pili Zabala, hermanas de los dos jóvenes asesinados.

GASTEIZ. La Comisión Europea investiga si el Estado español violó la normativa de la UE sobre asistencia a las víctimas del terrorismo al negarse, primero el Gobierno y luego Tribunal Constitucional, a indemnizar a las familias de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, torturados y asesinados por miembros de la Guardia Civil pertenecientes al GAL en 1983. La europarlamentaria del PNV y vicepresidenta del grupo ALDE en el Legislativo comunitario Izaskun Bilbao anunció ayer que la comisaria europea de Justicia, Vera Jourova, ha atendido su petición de analizar este caso, por el que fueron condenados los guardias civiles Enrique Rodríguez Galindo, Ángel Vaquero, Enrique Dorado y Felipe Bayo;y el gobernador civil de Gipuzkoa en aquella época Julen Elgorriaga.

Izaskun Bilbao notificó a la Comisión Europea que nunca ha quedado acreditada la pertenencia a ETA de Lasa y Zabala, y recordó en ese sentido que para denegar una indemnización a familiares de miembros de organizaciones terroristas es necesario demostrar dicha condición mediante sentencia firme, informa Europa Press. “No cabe duda de que el asesinato de Lasa y Zabala fue un acto de terrorismo de Estado;si el Estado quiere tener legitimidad cuando reclama, con toda la razón, verdad, justicia y reparación para los delitos de terrorismo, debería comenzar aplicándose el cuento en primera persona, y en este caso, está dando un espectáculo lamentable”, señaló la eurodiputada jeltzale. A ese argumento de la pertenencia a ETA se agarró el Gobierno español para denegar en primera instancia las indemnizaciones, una decisión que ratificó el pasado 17 de marzo el Constitucional.

Bilbao solicitó a la Comisión Europea un análisis de lo ocurrido en función de la normativa comunitaria ya que consideraba que las decisiones del Gobierno español y del Constitucional no son coherentes con los considerandos 16, 32, 53 y 63 de la directiva europea 2012/29 que reconoce un catálogo de derechos mínimos de las víctimas a nivel europeo, y tampoco es compatible con los contenidos de los artículos 8 y 22 apartado 3 de dicha directiva.

Según explicó el PNV, estas disposiciones están vinculadas a “la especial protección que merecen las víctimas que, a la vista del delito que han sufrido, necesitan especial atención y protección”, entre las que se encuentran las víctimas del terrorismo.

La comisaria de Justicia afirma en su respuesta, señala el PNV, que “si el análisis de la situación revela una falta de conformidad con el derecho de la Unión, la Comisión podrá adoptar las medidas necesarias, incluidos procedimientos de infracción, si procede”.

El análisis se efectuará exclusivamente sobre “cómo se cumplen en el caso los artículos 8 y 22 de la norma comunitaria porque la evaluación de la conformidad efectuada por la Comisión no incluye el examen de las normas nacionales a la luz de los considerandos de la Directiva, que no son jurídicamente vinculantes, y cuya finalidad es ayudar a interpretar las disposiciones del acto en cuestión”.

La vicepresidenta del grupo ALDE en el Parlamento Europeo espera que la intervención de Bruselas “contribuya a corregir una situación a todas luces injusta porque supone una verdadera burla y escarnio para los familiares de estas víctimas del terrorismo de Estado” y es “un pésimo precedente moral y ético” que “incumple claramente la legislación comunitaria”.

Primeras acciones

Joxean Lasa y Joxi Lasa fueron secuestrados en Baiona en octubre de 1983, en la que fue una de las primeras acciones de los GAL junto con el secuestro de Segundo Marey. Fueron torturados en el palacio de La Cumbre de Donostia y posteriormente trasladados a las cercanías de la localidad alicantina de Busot, donde fueron asesinados y enterrados en una fosa con cal viva para dificultar su identificación. En los siguientes cuatro años, los GAL asesinaron a más de una veintena de personas, principalmente en Iparralde.

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