Editorial

Ochenta y ocho días

El ‘procés’ catalán parece acelerarse y al Estado español le quedan menos de tres meses para decidir si perpetúa el choque de diferentes legalidades y legimitidades con imposición o lo solventa con democracia

Miércoles, 5 de Julio de 2017 - Actualizado a las 06:09h

LA crisis de gobierno con el cese el lunes por el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, del conseller Jordi Baget a raíz de sus declaraciones poniendo en duda la celebración del referéndum del 1 de octubre y la explicación ayer en la sede del Parlament de las características de la Ley del Referèndum d’Autodeterminació que implementa los pasos a seguir en virtud de su resultado sitúan al procés en Catalunya en su punto crítico a 88 días para la convocatoria a los catalanes. Y mientras la Generalitat recorre el camino que impulsa la mayoría parlamentaria soberanista -a pesar del riesgo de desgarro interno que acreditan los últimos acontecimientos-, el gobierno que preside Rajoy permanece impertérrito en su tancredismo, sin salir de la reiteración de España como expresión única de la soberanía y, en su caso, como ayer la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, la apelación al artículo 8 de la Constitución que “encomienda al ejército garantizar la soberanía e independencia de España y defender su integridad territorial” como coherción a las aspiraciones de las nacionalidades históricas recogidas en la Carta Magna. En todo caso, la (falta de) actitud del Gobierno y las instituciones del Estado -el Congreso no ha contestado aún a la carta de Puigdemont pidiendo un debate en las Cortes- y su negativa a propiciar la celebración del referéndum en base a la legalidad constitucional que lo permitiría, anuncia un choque entre la constitucionalidad de lectura única que esgrime el Gobierno Rajoy -y que Catalunya considera desacreditada desde la intervención del TC en la anulación parcial del Estatut- y la legalidad internacional en la que el Govern fundamenta la realización del referéndum: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (refrendado por el Estado en 1977), la resolución de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre el derecho de autodeterminación, la resolución 2625 de la ONU o el dictamen del Tribunal Supremo de Canadá en 1998 sobre el referéndum de independencia de Quebec. En definitiva, al Estado le quedan 88 días para decidir si perpetúa los problemas derivados de la existencia de distintas legitimidades mediante imposición o los solventa con democracia. Y al Govern para medir si la legitimidad parlamentaria de la que goza tiene traslación a una mayoría social que no se acreditó en las elecciones plebiscitarias que le vieron nacer.

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