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EL DEBATE DE LOS PRESOS DE ETA

El documento del EPPK remeda los pasos de la ‘vía Nanclares’

Los presos de ETA podrán optar a las redenciones, permisos, destinos y beneficios penitenciarios

Humberto Unzueta - Domingo, 2 de Julio de 2017 - Actualizado a las 06:00h

Anttón López Ruiz, ‘Kubati’, y Oihana Garmendia, de Sortu, valoraron ayer la decisión de los presos.

Anttón López Ruiz, ‘Kubati’, y Oihana Garmendia, de Sortu, valoraron ayer la decisión de los presos. (EFE)

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Anttón López Ruiz, ‘Kubati’, y Oihana Garmendia, de Sortu, valoraron ayer la decisión de los presos.

BILBAO. El documento base sobre la nueva línea de actuación de los presos de ETA aprobado por el colectivo de reclusos de la banda tras un debate de varios meses en las cárceles y el respaldo mayoritario de tres cuartas partes de los votantes abre la puerta a que sea cada preso el que decida aprovechar o no las posibilidades que le ofrezca la legalidad penitenciaria vigente.

El preso recupera por tanto soberanía, se adueña de su propio destino penitenciario y de su defensa, hasta ahora sometida a la tutela del EPPK, que, no obstante, mantendrá su vigilancia ya que los pasos que se tomen serán “siempre con la conformidad de los miembros del colectivo”.

En todo caso, lo aprobado ahora apenas difiere de la denominada vía Nanclares a la que se acogieron hace una década una treintena de presos disidentes de la banda y que fueron repudiados por la propia ETA, el EPPK y el mundo de la izquierda abertzale en general precisamente por acceder a unas medidas de resocialización y a una legalidad penitenciaria muy parecidas a las que ahora aspiran a acogerse.

Tras lo aprobado por el EPPK, cada preso tendrá la opción de acogerse a los cauces legales, tal y como sostiene el documento, de modo que podrá progresar de grado penitenciario, una de las principales tablas para fijar el estatus del recluso. La mayoría de los presos de ETA tienen asignado el primer grado penitenciario, que califica a los internos que “no muestren signos inequívocos de haberse sustraído a la disciplina interna” de ETA, únicamente les autoriza a salir de la celda cinco horas al día para realizar actividades de la prisión y no otorga posibilidades de acceder a ningún tipo de beneficio penitenciario. Es también conocido como régimen cerrado.

Una minoría tiene asignado el segundo grado, lo que en determinadas circunstancias les permitiría acceder a los beneficios penitenciarios, aunque hasta ahora en la mayoría de los casos los han rechazado. El tercer grado, también conocido como régimen abierto, abre la puerta a los beneficios penitenciarios, redenciones, permisos (entre 36 y 48 días al año fuera de la cárcel en seis tandas) y salidas puntuales e incluso a la libertad condicional. Pero para ello es necesario previamente la desvinculación de la organización armada en la que militó, el desmarque de la violencia, el reconocimiento del daño generado a sus víctimas y la voluntad de repararlas en la medida de sus posibilidades.

Esto no supone en ningún caso adelantar la salida de prisión sino más bien atenuarla en aras de la resocialización, disfrutar de los días de permiso contemplados en el reglamento penitenciario, y computar las redenciones de pena (un día menos de condena por cada día trabajado en un servicio de la cárcel como biblioteca, jardinería...). Los presos de la vía Nanclares no han accedido al tercer grado, salvo excepciones, y han ido saliendo de la cárcel una vez han terminado su condena, que han acortado gracias a las redenciones obtenidas por su destino dentro de la cárcel. Estos trabajos han sido siempre rechazados por los presos de ETA al considerarlos parte del sistema que los reprime y los equipara al resto de los internos. Con todo, el EPPK subraya que los “límites” que marca a sus presos a la hora de acogerse a las vías legales son “el arrepentimiento y la delación”, una delación que no se ha producido en ningún caso entre los reclusos disidentes.

Acatando las vías legales y enterrando el veto que durante décadas ha impuesto a todo preso que decidiera acogerse a las vías de reinserción y a los beneficios penitenciarios, el EPPK pretende abrir una nueva línea de actuación entre sus presos que en último término busca el “vaciado de las cárceles”, mediante las excarcelaciones de sus miembros. Mientras tanto, pretende acabar con la dispersión, agrupando al colectivo de presos, así como poner fin al “destierro” de los militantes huidos. “Daríamos por bueno todo agrupamiento, todo acercamiento y toda excarcelación, aunque el agrupamiento sea parcial, el acercamiento no suponga el traslado a Euskal Herria y la excarcelación no sea definitiva”, subraya el documento base. Propone las cárceles de Zaballa (Araba) y la de Mont de Marsan (Landas francesas) como destinos para acabar con el alejamiento y la dispersión.

En lo organizativo, el documento propone hasta 43 nombres de presos candidatos a convertirse en portavoces e interlocutores del colectivo, entre ellos Mikel Antza, Marixol Iparragirre, Iratxe Sorzabal o David Pla.


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