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Lakua añade los ferrocarriles a su lista de peticiones a Rajoy

Erkoreka suma el traspaso competencial que encarriló Zapatero a las pensiones y prisiones

Míriam Vázquez - Miércoles, 28 de Junio de 2017 - Actualizado a las 06:01h

Josu Erkoreka, en una imagen de archivo

Josu Erkoreka, en una imagen de archivo (EFE)

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Josu Erkoreka, en una imagen de archivo

“Hasta la fecha no se han esforzado en encontrar un punto de encuentro sobre la unidad de caja”

bilbao- Después de que el PNV pidiera a Mariano Rajoy algún avance en el traspaso de las competencias pendientes a modo de gesto para negociar los Presupuestos estatales del próximo año, el Gobierno vasco concretó ayer sus tres transferencias prioritarias. Aunque el consejero de Autogobierno, Josu Erkoreka, puntualizó que fijar posición sobre las Cuentas corresponde al PNV, ese matiz no fue impedimento para que desvelara dónde va a poner el foco su gobierno: la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, las prisiones y los ferrocarriles. Que las dos primeras son prioritarias no es ninguna sorpresa porque el propio Erkoreka lo anunció hace meses, pero ayer sumó los ferrocarriles, un traspaso en teoría asumible porque ya fue encarrilado durante el mandato del expresidente Zapatero, y no tiene tantas aristas políticas ni carga ideológica. Erkoreka planteó la negociación en términos posibilistas y de estricto cumplimiento de la ley porque las tres competencias aparecen recogidas en el Estatuto de Gernika. Además, como ya adelantó este periódico, en el caso de la Seguridad Social no plantea la ruptura de la caja única de las pensiones, el requisito por excelencia que han esgrimido históricamente los gobiernos de PP y PSOE.

El traspaso de las líneas de cercanías de Renfe y Feve formaba parte del paquete de competencias que encauzó sobre la bocina el gobierno socialista de Zapatero con el PNV. Solo faltaba firmar el documento, pero el adelanto electoral y la victoria de Mariano Rajoy con mayoría absoluta dieron un vuelco a la situación. El PP se desentendió de los acuerdos a los que había llegado Zapatero, y cerró la puerta del traspaso a cal y canto por la vía de los hechos: incluyó varias líneas vascas en el catálogo de interés general del Estado para tener amarrada la competencia.

Se da la circunstancia de que algunas de esas líneas declaradas de interés general del Estado discurren íntegramente por la comunidad autónoma, como es el caso del trayecto Bilbao/Abando-Santurtzi. Para el PNV es un flagrante incumplimiento del artículo 10.32 del Estatuto, que atribuye la competencia ferroviaria a las instituciones vascas con la única salvedad de las líneas que circulen más allá del territorio. Los jeltzales llevaron al Tribunal Constitucional este catálogo, pero solo les dio la razón parcialmente, de manera que el conflicto sigue vigente. El Gobierno vasco pide la transferencia de las líneas que pasan íntegramente por la comunidad autónoma. Son siete líneas de pasajeros (Irun-Brinkola, Bilbao/Abando-Santurtzi, Desertu/Barakaldo-Muskiz, Hospital de Basurto/Bilbao-Ariz, Bilbao/La Concordia-Irauregi, Irauregi-Lutxana/Barakaldo y Bilbao-Balmaseda), y tres de mercancías (Bilbao-Santurtzi, Puerto de Pasaia y Puerto de Bilbao).

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Erkoreka mostró su contrariedad. “Nunca hemos acabado de comprender que una transferencia que era posible para el Gobierno central en el año 2011, considerada perfectamente asumible por el gobierno que entonces regía, después se descartara radicalmente por el ejecutivo que le sucedió. Es una materia perfectamente abordable, recuperable y a la que no renuncia el Gobierno vasco”, dijo. Junto a los ferrocarriles, Zapatero dejó muy avanzados los traspasos de autopistas y el Fogasa, el fondo que paga los salarios pendientes en las empresas en quiebra.

voluntad políticaLas dos competencias con mayor carga política son las de prisiones y el régimen económico de la Seguridad Social. En el primer caso, sin embargo, el Gobierno vasco gestionaría las cárceles, pero tendría que aplicar la ley estatal porque Madrid tiene la competencia sobre el Código Penal y fija los requisitos para acogerse a los beneficios penitenciarios. En cuanto a la Seguridad Social, la comunidad autónoma recaudaría las cotizaciones y pagaría la prestación, pero correspondería al Estado fijar la cuantía de la pensión, es decir, el dinero que recibe cada ciudadano. El Estado delegaría en la comunidad autónoma toda la estructura de los funcionarios y la tramitación de las prestaciones, de manera que la ventanilla de atención al ciudadano sería vasca y de proximidad, pero la pensión la seguiría fijando Madrid. El Gobierno vasco cree que de esta forma se preserva la unidad de la cajay se salva un escollo importante en la negociación. La coalición PNV-PSE ha seguido la letra del Estatuto de Gernika para plantear las dos competencias en estos términos aunque, como aspiración política, el PNV sigue manteniendo su apuesta por un sistema propio de pensiones.

Erkoreka se ciñó ayer al acuerdo de gobierno y a la letra del Estatuto. Defendió que la demanda es compatible con la unidad de la caja y que, por lo tanto, todo es cuestión de voluntad política. “Hasta la fecha, no se ha hecho un mínimo esfuerzo por parte del Gobierno central para encontrar el punto de encuentro que haga compatible el respeto a la caja única con la efectiva asunción, por parte de los poderes autonómicos, de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social”, dijo Erkoreka.

El consejero se remitió a la disposición transitoria quinta del Estatuto para fijar los términos del traspaso. Ese artículo estipula que “la Comisión Mixta de Transferencias que se crea para la aplicación de este Estatuto establecerá los oportunos convenios, mediante los cuales la comunidad autónoma asumirá la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, dentro de su carácter unitario y del respeto al principio de solidaridad, según los procedimientos, plazos y compromisos que, para una ordenada gestión, se contengan en tales convenios”. Es este artículo el que establece como requisito que el sistema sea unitario, y el Gobierno vasco ha pensado una vía para ajustarse a él. Cree que su apuesta por fijar las cotizaciones y recaudar la prestación se ciñe a lo que pide la ley. La unidad quedaría garantizada en la medida en que el Estado seguiría fijando la cuantía de la pensión.

Hasta hace poco, estas dos competencias eran una línea roja para los sucesivos gobiernos españoles, aunque Zapatero fue el primero en prestarse a estudiar la cuestión de las pensiones. El PP está virando ahora hacia posiciones más posibilistas, al menos a nivel declarativo, y se muestra dispuesto en público a hablar de las dos cuestiones por su necesidad de apoyos para aprobar los Presupuestos estatales del próximo año en el Congreso de los Diputados. En cualquier caso, de momento solo se han producido declaraciones en tono constructivo por parte del Gobierno español, sin que se hayan concretado en actuaciones o reuniones con el Gobierno vasco. Será Josu Erkoreka el encargado de encarrilar este debate con la vicepresidenta española, Soraya Sáenz de Santamaría.

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