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“oferta clara y legal”

Lakua clarificará el camino a la reinserción de los presos de ETA

El Gobierno vasco quiere impulsar una “oferta clara y legal” para que los reclusos inicien los pasos para acceder a los beneficios penitenciarios

Humberto Unzueta - Jueves, 22 de Junio de 2017 - Actualizado a las 06:00h

Ana Oregi, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, junto al secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, ayer en el Parlamento Vasco.

Ana Oregi, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, junto al secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, ayer en el Parlamento Vasco. (Jorge Muñoz)

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Ana Oregi, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, junto al secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, ayer en el Parlamento Vasco.

BILBAO- El Gobierno vasco quiere que los presos de ETA que opten por acogerse a las vías legales individuales para acceder a los beneficios penitenciarios y a los procesos legales de reinserción social tengan la información necesaria para que sus deseos se materialicen correctamente y lleguen en condiciones al juez, que es quien en última instancia decide sobre la situación penitenciaria del interno. El secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, señaló ayer que el Ejecutivo vasco va a impulsar una “oferta clara, legal y constitucional” para que los reclusos de la banda que así lo quieran opten por las vías de la reintegración social contempladas en la Constitución y en la legalidad españolas.

El anuncio se produce en las semanas o días previos a que se conozca el resultado del debate que el colectivo oficial de presos EPPK mantiene en las cárceles desde el pasado mes de diciembre sobre el estatus que quieren mantener en el futuro. A la espera de los datos definitivos que harán público próximamente, entre un 85 y un 90% del total de 338 reclusos actuales de la banda abogan por dejar atrás el veto histórico al acatamiento de la legalidad penitenciaria vigente. De este modo, asumirían las vías legales de manera individualizada para acceder a los beneficios penitenciarios derivados de la progresión de grados (en la actualidad, la mayoría están en el primero de los tres que existen, siendo el primero el más duro y el tercero el más laxo y el que abre la puerta a permisos, redenciones y otros beneficios). Todo esto requiere previamente el reconocimiento del daño causado a las víctimas por parte de cada preso, el rechazo y distanciamiento de la organización asesina en la que militó, el compromiso con los derechos humanos y la convivencia.

En su comparecencia ante la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad del Parlamento Vasco para presentar el Plan de Convivencia hasta 2020, Jonan Fernández proyectó a futuro un cambio de escenario en política penitenciaria que pasaría por “crear un contexto favorable” entre los presos, las instituciones y el Gobierno español. Como ejemplo se refirió a las oportunidades que ofrece la ley a los presos enfermos o mayores de 70 años de recibir beneficios penitenciarios, “pero si el preso no los pide o el abogado no hace las gestiones pertinentes, no se los van a dar”.

Esta es una situación que se va a producir si, como parece, los presos de ETA decidan dar un viraje a su posición histórica y acatan la legalidad penitenciaria en el camino hacia la reinserción. Tanto ellos como sus abogados han estado centrados en su situación penal, ámbito en el que se han especializado y desarrollado mucha pericia. Sin embargo, al descartar la vía de los beneficios penitenciarios, la defensa del recluso en este ámbito ha sido relegada y, en consecuencia, es un camino pendiente de aprender y recorrer. Los pasos y gestiones a realizar requieren un proceso y unos tiempos hasta que llegan al juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, la última instancia que decide si el recluso presenta las condiciones necesarias para la progresión de grado, la libertad condicional o la salida de prisión. En definitiva, como señaló Fernández, “un juez debe tener encima de la mesa una petición para tomar una decisión y, si no la tiene, no puede tomar esa decisión”.

En todo caso, esa decisión estará condicionada por la que ETA tiene aún pendiente: su disolución. Este es otro de los escenarios de futuro dibujados por Fernández durante su intervención en el Parlamento. A su juicio, la desaparición de la banda, ya desarmada, tendría “una influencia muy importante” a la hora de analizar la situación jurídica de sus presos, ya que no existiría una organización terrorista y, desde el punto de vista jurídico no serían miembros de ninguna organización”. Según señaló el secretario de Paz y Convivencia, es un dato de gran importancia a la hora de valorar el proceso de resocialización de un preso.

Algunas fuentes institucionales, e incluso otras más próximas a la izquierda abertzale, dan por hecho que ETA anunciará su disolución a finales de este año, en el entorno del aniversario de la Conferencia de Aiete del 17 de octubre de 2011, tres días antes de que la banda hiciera público el anuncio del final de su actividad armada. La gran incógnita es la fórmula que empleará para su desaparición.

Fernández esbozó un último escenario de futuro que se alcanzará en 2020. Sería la resultante de los anteriores y lo denominó como el del “encuentro social”, al que se llegaría cuando la sociedad vasca “es capaz de compartir unos mínimos éticos y democráticos” que permita la discrepancia. A su juicio, esta es una condición necesaria para una convivencia “abierta y normalizada”.

escenarios de futuro

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