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Ofensiva del PP para detener la investigación de su caja B

Amenaza con acudir al TC tras fracasar en su intento por establecer un límite temporal

Xabier Garmendia - Jueves, 8 de Junio de 2017 - Actualizado a las 06:04h

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BILBAO- El PP suma y sigue en su estrategia para obstaculizar al máximo la comisión parlamentaria que investiga su presunta financiación irregular. En el seno de la formación popular están dispuestos prácticamente a todo para detenerla, incluso recurriendo al Tribunal Constitucional (TC) si fuera necesario. La oposición se encargó ayer de echar por tierra una de las últimas balas que conservaba en la recámara: solicitar un informe jurídico a los letrados del Congreso para determinar la delimitación temporal de la citada investigación.

El próximo paso será la presentación de un recurso de amparo ante la Mesa de la Cámara baja. La negativa de este órgano podría poner en marcha la maquinaria judicial, un movimiento que el PP está dispuesto a emprender con tal de frenar una comisión a la que el propio Rajoy tendrá que acudir. En todo caso, desde Génova prefieren esperar a que se produzca esa deliberación, si bien la composición de la Mesa del Congreso -PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, impulsores de la investigación, suman mayoría- no pronostica un resultado favorable a sus intereses.

“Es una causa general en contra del PP por razones estrictamente electorales”

FERNANDO MARTÍNEZ-MAÍLLO

Coordinador general del PP

La comisión sobre la presunta caja B fue aprobada por el Congreso con el beneplácito del propio PP. Cumplía a regañadientes una de las seis exigencias sine qua nonque Ciudadanos puso sobre la mesa para apoyar la investidura de Rajoy. Sin embargo, los populares se han lanzado a ejecutar todo tipo de maniobras para torpedear su funcionamiento. Su maniobra afecta especialmente a la delimitación temporal de la investigación. La vaguedad del texto firmado con el partido de Albert Rivera es el clavo ardiendo al que se aferran, ya que el documento tan solo fijaba la apertura de la comisión, sin hacer acotaciones más precisas. Sin embargo, la posición de PSOE y Unidos Podemos para no establecer una frontera temporal ha salido adelante con el respaldo del partido naranja, que en un principio abogaba por comenzar el rastreo en 2004, cuando Rajoy sucedió a Aznar en el despacho presidencial del PP.

Solos ante el resto de partidos, en el PP piensan que la comisión que ellos mismos ayudaron a poner en marcha se ha convertido en “una causa general” en su contra “por razones estrictamente electorales”. El coordinador general del partido, Fernando Martínez-Maíllo, repitió el mantra de “comisión de la Inquisición” al que aludió la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, para acusar a los grupos de la oposición de buscar un “desgaste” y “tapar sus propias vergüenzas”. “Estamos ante una comisión presuntamente ilegal que pretende investigar una financiación presuntamente ilegal”, exhortó el número tres de la formación para cuestionar su utilidad.

Maíllo se mostró especialmente beligerante con Ciudadanos, precisamente el máximo responsable de la constitución de la comisión al conseguir el compromiso del PP por escrito y, a su vez, su socio natural en el hemiciclo. El coordinador general popular reclamó a los dirigentes naranjas que “dejen el show” y les situó al lado del “extremismo y radicalismo” que, a su juicio, representa Unidos Podemos. Toni Cantó (C’s) no tardó en contestar a las acusaciones y le recordó que su bancada dio su visto bueno sin hacer ninguna referencia al discutido límite temporal.

‘VENDETTA’ EN EL SENADOAnte su derrota numérica en el Congreso, el PP se refugiará en el Senado, donde cuenta con mayoría absoluta. La Cámara alta acogerá otra comisión similar que pondrá la lupa sobre la financiación del resto de partidos políticos. Se trata de su particular venganza, de la cual ya avisó el propio presidente del Gobierno español cuando trató de zafarse de la polémica investigación que se comprometió a crear como condición para su reelección.

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