Diputación de Bizkaia

PNV y PSE: interferir en el expediente del bombero "sería prevaricar"

Las Juntas rechazan pedir a la Diputación que archive el caso del funcionario que se declaró objetor

Aitziber Atxutegi - Jueves, 8 de Junio de 2017 - Actualizado a las 06:04h

El bombero Ignacio Robles ha recibido hoy el apoyo de la plataforma 'Ongi etorri errefuxiatuak'

El bombero Ignacio Robles, con la plataforma 'Ongi etorri errefuxiatuak'en una imagen de archivo.

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El bombero Ignacio Robles ha recibido hoy el apoyo de la plataforma 'Ongi etorri errefuxiatuak'

Bilbao- Los partidos políticos que sustentan al equipo de gobierno de la Diputación reiteraron ayer que interferir en el expediente del bombero foral que se negó a participar en un retén en el Puerto de Bilbao alegando objeción de conciencia sería “prevaricar”. Las Juntas Generales rechazaron pedir a la institución foral que archive el caso de este funcionario, que se negó a dirigir un retén de seguridad durante el embarque de armas con destino a Arabia Saudí. “Se está pidiendo a la Diputación que prevarique”, advirtió el apoderado jeltzale, Jon Andoni Atutxa, a Bildu, autores de la propuesta.

La apoderada de Bildu Arantza Urkaregi defendió que “existen posibilidades” de archivar el expediente disciplinario abierto al bombero, ya que entiende que “no hubo delito ni infracción administrativa”. Asimismo, rechazó que pedir este sobreseimiento “no es una injerencia, sino una manifestación política que nos gustaría que esta Cámara hiciese suya”.

Jon Andoni Atutxa advirtió a la representante de Bildu de que los expedientes disciplinarios son un proceso “administrativo, reglado y garantista, en el que no debe haber intervención política”, y que pedir al instructor encargado del mismo que lo archive sería “sería cerrar con una decisión política un expediente administrativo. Y eso es prevaricar”. “Será el instructor el que decida sobre el expediente, no esta Cámara ni la diputada. Si diésemos ese paso estaríamos haciendo un flaco favor a todos los funcionarios que en su caso pudieran verse en la apertura de un expediente”, destacó.

También desde el PSE, Ekain Rico recordó que el expediente se abrió porque “es lo que procede”, según la normativa vigente, “al haber incumplido el bombero con sus obligaciones”. Para el socialista, “por suerte”, la voluntad política de las Juntas Generales “no es una de las razones para cerrar un expediente. Corresponde al instructor, que no es un cargo político sino un funcionario, determinar qué resolución procede en este caso, sin injerencias políticas en un ámbito que es estrictamente administrativo”. Rico negó además que el mando tuviera que participar en las labores de carga del material, sino de “protección, que se realizan de forma habitual cuando existen materiales peligrosos”.

Podemos, que apoyó la propuesta de Bildu, considera que el mando “cumplió la ley”, al acatar la Carta Justicia y Solidaridad con los Países Empobrecidos del Gobierno vasco, en la que se recoge que “no colaborará de ninguna forma con aquellas personas físicas o jurídicas dedicadas a la producción, comercialización y financiación de armas”.

También el portavoz del PP, Javi Ruiz, destacó que “la aplicación de la ley no se puede hacer a la carta o por coincidencia ideológica” y con una decisión así “se politiza la decisión que debe tomar un funcionario”. Desde el Grupo Mixto, Arturo Aldecoa también rechazó aplicar la normativa “de forma arbitraria”.

Oficina GertuLas Juntas Generales rechazaron pedir a la Diputación una visita a la oficina de atención ciudadana de Durango, tal y como pedía Bildu, al entender que “no aporta nada” a la hora de realizar los ajustes necesarios tras la puesta en marcha de este punto.

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