reforma de la Renta de Garantía de Ingresos

El Gobierno vasco propone conceder como máximo una RGI por cada domicilio

La prestación máxima para cualquier composición familiar ascenderá a 1.200 euros mensuales

EFE - Miércoles, 31 de Mayo de 2017 - Actualizado a las 12:12h

Buena parte de los titulares de una Renta de Garantía de Ingresos encabezan hogares en los que hay menores.

Imagen de archivo de un menos acompañado de un adulto (Oskar Martínez)

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Buena parte de los titulares de una Renta de Garantía de Ingresos encabezan hogares en los que hay menores.

El Gobierno vasco plantea, entre sus propuestas para la reforma de la normativa sobre ayudas sociales, establecer con carácter general la concesión de un máximo de una Renta de Garantía de Ingresos (RGI) por cada domicilio, con independencia de la vinculación familiar o no entre los residentes.

GASTEIZ. La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha presentado hoy en comisión parlamentaria las propuestas que ha elaborado su Departamento de cara a una reforma de la Ley de Renta de Garantía de Ingresos, en cumplimiento de un mandato del Parlamento Vasco, que le emplazó a presentar en mayo un informe sobre el diagnóstico de estas ayudas para iniciar una revisión de la normativa actual.

Artolazabal ha planteado quince modificaciones concretas y cinco cambios de la normativa, entre ellas que las solicitudes de acceso a la RGI hagan referencia al conjunto de las personas que residen en un mismo domicilio, independientemente de que tengan vinculación familiar o no, estableciéndose con carácter general un máximo de una ayuda por cada domicilio y computándose los ingresos del conjunto de las personas que residen en la vivienda para determinar el acceso a la ayuda.

Actualmente, el sistema contempla posibilidad de reconocer más de una unidad perceptora dentro de un mismo domicilio. La consejera ha aclarado, no obstante, que se estudiarán y establecerán "las excepciones oportunas".

Otra de las propuestas es modificar la fórmula para determinar la cuantía básica de la prestación y de los complementos.

Así, se articulará una cuantía base común para todas las unidades de convivencia con independencia del tamaño y estructura de las mismas, y un sistema de complementos para adultos y menores residentes en la vivienda.

La cuantía básica sería de 450 euros al mes y los complementos se establecerían en 200 euros para el titular de la unidad convivencial;160 para la pareja;100 por otros adultos hasta un máximo de 4;120 por el primer menor y otras cuantías de menor importe por otros menores.

Otro complemento de 100 euros se refiere a los casos de monoparentalidad, discapacidad o violencia de género.

La prestación máxima de RGI para cualquier composición familiar ascenderá a 1.200 euros mensuales, similar a la actual.

También el Gobierno vasco de coalición PNV-PSE quiere medidas que permitan certificar la residencia efectiva en el País Vasco de los solicitantes, tanto durante el plazo de empadronamiento exigido como durante la percepción de la ayuda.

Plantea reducir a 24 meses (ahora son tres años) el período de empadronamiento mínimo exigido para acceder a la RGI en el caso de las unidades familiares con hijos menores a su cargo. En el resto de los casos seguirían requisitos vigentes.

Asimismo propone que las personas refugiadas y solicitantes de asilo estén exentas de cumplir con el requisito de tres años de empadronamiento y de certificar la duración de la unidad convivencial y de bienes en el país de origen.

En la actualidad, la ley impide acceder a la prestación a quienes disponen de bienes inmuebles diferentes a la vivienda habitual y el Gobierno vasco quiere modificar este aspecto para que no se impida la RGI a las personas que objetivamente precisan de la ayuda por tener ingresos de muy baja cuantía. En este sentido, plantea un sistema de minoración parcial de la prestación vinculado al valor valor catastral de los bienes.

Sobre los pagos y cobros indebidos, se establecería la "prescripción" de la responsabilidad de los beneficiarios de pagos indebidos una vez transcurrido un plazo de 24 meses desde la percepción de esas cantidades sin que se haya producido por parte de Lanbide notificación o reclamación de los mismos.

Esta prescripción solo afectaría a los cobros indebidos en los que no haya habido "dolo o voluntad de fraude".

Artolazabal ha explicado que su intención es que se introduzcan en la normativa disposiciones que permitan regular los usos inadecuados de la RGI cuando existan indicios fiables de ello.

Asimismo se quieren fijar sanciones para los "cooperadores" de casos de fraude y se fijará en 400 euros mensuales la cuantía máxima percibida en concepto de complemento salarial.

Durante su exposición, la consejera ha abogado por incrementar las bonificaciones a empresas que hagan contratos de relevo a perceptores de la RGI y desempleados de larga duración, e introducir en los procedimientos de contratación de las administraciones publicas mecanismos que permitan primar la contratación de estas personas.

Los perceptores deberán aceptar las ofertas formativas u ocupacionales propuestas por Lanbide.

Otra de las medidas que se quiere implantar es la prohibición de que la RGI se considere como garantía de pago frente a créditos de cualquier tipo.

Asimismo, el Gobierno vasco apuesta por garantizar un mejor seguimiento de las personas perceptoras en situación o riesgo de exclusión social.

Tras la exposición, los portavoces de los grupos parlamentarios han señalado que tendrán que analizar a partir de ahora esta propuesta antes de opinar sobre la misma.

No obstante, desde la oposición, la parlamentaria de EH Bildu Nerea Kortajarena ha denunciado que el Gobierno vasco se encuentra "demasiado cerca" de los planteamientos del PP y ha recordado que muchas personas quedan fuera del sistema pese a su situación de pobreza.

"Estas medidas me dejan los pelos como escarpias", ha exclamado la parlamentaria de Elkarrekin Podemos Tinixara Guanch, quien ha criticado que las medidas planteadas representan pasos atrás en esta prestación. Como ejemplo, ha criticado la medida de conceder una RGI por domicilio cuando en Euskadi el metro cuadrado es el más caro de España y mucha gente no puede vivir sola.

Laura Garrido (PP) ha considerado que estas medidas llegan tarde porque el sistema presenta "múltiples deficiencias".


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