RECOMENDACIONES A ESPAÑA

La CE critica la alta temporalidad en el empleo y pide más lucha anticorrupción

Bruselas cuestiona la eficacia de los sistemas públicos de empleo en España e insta a controlar el déficit público

X. Aja - Martes, 23 de Mayo de 2017 - Actualizado a las 06:04h

Pierre Moscovici, comisario europeo de Asuntos Económicos, en una imagen de archivo.

Pierre Moscovici, comisario europeo de Asuntos Económicos, en una imagen de archivo. (EFE)

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Pierre Moscovici, comisario europeo de Asuntos Económicos, en una imagen de archivo.

Bruselas cuestiona la eficacia de los sistemas públicos de empleo en España e insta a controlar el déficit público

BILBAO- En Bruselas se han dado cuenta de que la excesiva precariedad en el empleo tampoco es buena para la economía de un país europeo como España y que la lucha contra la corrupción política en el Estado sigue siendo insuficiente. La Comisión Europea (CE), dentro de las recomendaciones que envía a los diferentes Estados miembros de la Unión Europea, expresó ayer su preocupación por la alta temporalidad en el mercado laboral en España y la insuficiencia de las medidas para combatir la corrupción política. En su informe sobre las recomendaciones económicas por países insiste en pedir al Gobierno español que mejore la eficiencia del gasto público, que controle el déficit y que trabaje para reducir el alto nivel de desempleo, eso, sí, según el comisario Pierre Moscovici, sin aumentar el citado déficit.

La CE se muestra especialmente crítica con la gestión de los servicios públicos de empleo (SEPE) y recuerda que pese a la creación de empleo en España en los últimos años y a la caída del paro, el desempleo, que se sitúa en el 18,2%, “sigue entre los más altos de la UE”, en particular entre los jóvenes y las personas menos cualificadas.

También señala que España tiene una de las mayores tasas de temporalidad de la UE y que, en comparación con otros países europeos, hay poca transición de contratos temporales a indefinidos. Eso sí, aquí la CE deja ver el planteamiento ideológico de algunas de sus propuestas al afirmar que existen “algunos elementos del mercado laboral español que podrían disuadir de realizar contratos indefinidos”.

En particular, el informe se refiere a la incertidumbre jurídica en caso de disputa legal después de un despido o a las “comparativamente elevadas indemnizaciones a los trabajadores con contratos indefinidos”.

Vamos, la vieja petición de la patronal de abaratar el coste del despido hasta niveles que dé prácticamente igual contar con un contrato eventual que uno indefinido, eso sí igualando por la vía de la menor protección.

Pese a que el Gobierno español ha establecido un grupo de trabajo sobre la calidad del empleo, España “todavía no ha desarrollado un plan integral para combatir la segmentación en el mercado laboral”, añade la CE, que recomienda al país más coordinación entre los servicios de empleo, los servicios sociales y las empresas, y medidas para promover la contratación indefinida.

Un aspecto con el que Bruselas se muestra muy crítica es con la ausencia, en su opinión, de medidas para atajar de forma preventiva los casos de corrupción ligados a la política. Con todo, la Comisión Europea reconoce que pese al “progreso” en la lucha contra la corrupción a través de leyes para asegurar una mayor transparencia y de investigaciones sobre casos de ese tipo a nivel local y autonómico, no se han desarrollado “estrategias preventivas a medida para mitigar los riesgos de corrupción”. Otra deficiencia, añade el informe europeo, es la falta de legislación para proteger a los “informantes” sobre casos de corrupción, así como el grado de independencia de la Oficina de Conflictos de Interés y la falta de regulación de los grupos de presión que se han mostrado muy activos en alguno sectores económicos con motivos de reformas o intentos de reformas en los mismos.

La tradicional lentitud de la Justicia española también es cuestionada pues según Bruselas el “prolongado procedimiento judicial para los casos de corrupción” propicia que prescriban posibles delitos, por ello la CE indica que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 2015 para limitar los plazos de instrucción, “podría traducirse en impunidad en los casos complejos de corrupción”, para los que los límites temporales podrían no ser suficientes.

Las autoridades europeas no acaban de entender por qué con tipos nominales de IVA similares a los europeos, en España la recaudación por este impuesto es inferior a la media, y sin entrar a valorar hipotéticos casos de evasión fiscal, sí consideran que esa menor recaudación está relacionada con la “extensiva aplicación de exenciones y tasas reducidas sobre varios productos y servicios”.

La CE recomienda, asimismo, a España más coordinación entre los servicios de empleo, los servicios sociales y las empresas para responder a las necesidades de parados y empresarios y medidas para promover la contratación indefinida y abordar las disparidades regionales en los resultados educativos.

Por supuesto, recuerda al Ejecutivo Rajoy que debe cumplir los objetivos fiscales pactados con la UE, que prevén que el déficit debe situarse en el 3,1% del PIB en 2017 y en el 2,2% al cierre de 2018. Por último, pide a las autoridades españolas que garanticen una inversión “adecuada y sostenible” en I+D.

Luis de Guindos

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