en el Juzgado de Instrucción de Barakaldo

Los dos exalcaldes de Alonsotegi se acogen a su derecho a no declarar

Gabino Martínez de Arenaza y Aitor Santisteban estaban citados en relación a la sociedad Alonsotegi Eraikiz

Martes, 23 de Mayo de 2017 - Actualizado a las 06:03h

Gabino Martínez de Arenaza, a su llegada al Juzgado.

Gabino Martínez de Arenaza, a su llegada al Juzgado. (Oskar Martínez)

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Gabino Martínez de Arenaza, a su llegada al Juzgado.

Barakaldo- Gabino Martínez de Arenaza y Aitor Santisteban, citados ayer en el Juzgado de Instrucción de Barakaldo, se acogieron a su derecho a no declarar hasta que se resuelvan los recursos interpuestos en la Audiencia de Bizkaia para dilucidar si procede realizar este trámite. Alcaldes de Alonsotegi entre 1999 y 2007 y la legislatura siguiente, respectivamente, acudían en calidad de investigados en relación a la denuncia por prevaricación y malversación de caudales públicos presentada por EH Bildu hace casi tres años sobre la actividad de Alonsotegi Eraikiz. Esta sociedad urbanística municipal se constituyó en 2003 y se disolvió ocho años más tarde. Junto a ellos, que rehusaron añadir alguna valoración a la salida de la sala, fueron requeridos el gerente de la sociedad, el entonces concejal del PSE Secundino Gómez, dos arquitectos y otros dos asesores legales.

“Queremos ver si se ha producido un perjuicio económico”, indican desde la coalición abertzale. Porque a pesar de que el balance en 2011 a la hora de realizar la cesión de Alonsotegi Eraikiz “se había cifrado en 15 millones de euros, solo se pueden acreditar 480.000”. Los denunciantes se felicitan de que “el proceso en los tribunales se vaya retomando”. Tras la “previsible” comparecencia de ayer, en el que “nuestro abogado ha formulado todas las preguntas en ausencia de la Fiscalía”, el siguiente paso consistirá en “determinar si se abre juicio”.

En su informe sobre Alonsotegi Eraikiz, el Tribunal Vasco de Cuentas hizo constar la “falta de control económico de la sociedad por los servicios competentes del Ayuntamiento desde 2006 “ e “incumplimientos que afectan a dos ventas de terrenos y la contratación administrativa”. En una de las operaciones no consta en el expediente documentación sobre el concurso y en la segunda se señala “que el importe por el que se adjudicaron los terrenos era inferior a la tasación de la que se disponía y la licitación se limitó a un anuncio en prensa, y una parte de los terrenos licitados estaban cedidos a Osakidetza en el momento de la adjudicación. Asimismo, afirma que varios servicios se contrataron a empresas vinculadas a dos consejeros, “adjudicándose a algunos de ellos sin respetar los principios de publicidad y concurrencia”.

Sobre actuaciones concretas, el estudio destacó el “incremento del coste final de las obras” del nuevo campo de fútbol de Basteita, inaugurado en 2006, que fuentes cercanas a algunos de los investigados, que prefirieron no dar su nombre, atribuyeron a circunstancias sobrevenidas que obligaron a efectuar obras adicionales. Así, la protección de los vestigios de la época industrial, como una chimenea, motivó que se reorientara el terreno de juego. A lo que se sumó un muro de contención para evitar que se produjeran desprendimientos de tierra del monte. En el caso de la plaza Madinabeitia, enfrente del edificio consistorial, defienden que las obras se llevaron a cabo de acuerdo al precio de licitación. En cualquier caso, sostienen que todos los concejales de la corporación formaban parte de la junta general de Alonsotegi Eraikiz y que los gastos e ingresos pasaron por el pleno.

Hace dos años, la plaza Madinabeitia, concluida en 2008, regresó a la actualidad cuando más de setenta familias de la calle Errota denunciaron que el Consistorio les reclamaba asumir gran parte del coste de la reforma, 1,1 millones de euros, al quebrar la promotora Basaldi, tal y como estipulaban las normas subsidiarias. Tras meses de tensión, el Ayuntamiento declaró la deuda prescrita mediante un decreto de Alcaldía que anulaba la notificación de la liquidación. - E. Castresana

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