Editorial

Los precedentes de Soraya

La invitación a que Puigdemont presente al Congreso sus pretensiones no supone que se debatan, como ya le ocurriera a Ibarretxe en 2005, ni mucho menos que se respeten, como sucedió a Maragall en 2006

Sábado, 20 de Mayo de 2017 - Actualizado a las 06:03h

LA invitación de la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, para que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, presente en el Congreso de los Diputados la propuesta de referéndum en Catalunya para debatirla “por los cauces legalmente previstos” tiene, efectivamente, tal y como aludió la propia vicepresidenta, precedentes. El 1 de febrero de 2005, en la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, el lehendakari Juan José Ibarretxe defendió en el Congreso la Propuesta de Nuevo Estatus Político de Euskadi que él mismo había presentado al Parlamento Vasco en octubre de 2003 y que la cámara legislativa vasca había aprobado en diciembre de 2004 para su envío al Congreso en cumplimiento del proceso que para su reforma contempla el Estatuto de Gernika en su artículo 46. Si ya antes, en noviembre de 2003, el Gobierno español presidido por José María Aznar había pretendido cortar su recorrido mediante un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la toma en consideración de la propuesta por el Parlamento Vasco, recurso que el TC desestimó permitiendo que el proceso de reforma siguiera adelante;el Congreso de los diputados, con los votos en contra de PSOE, PP, IU, CC y CHA, rechazó debatir y votar la propuesta de lo que se dio en denominar Plan Ibarretxe, es decir, impidió su debate y votación “por los cauces legalmente previstos”. Ese precedente, por cierto, incluyó la reforma del Código Penal aprobada por el Gobierno Aznar en diciembre de 2003 -derogada después, en 2004, por Zapatero- por la que se penaba con cárcel la convocatoria de referéndums. Dicho lo cual, ante la invitación realizada por el Gobierno español a través de su vicepresidenta solo caben dos actitudes. La primera, la de congratularse del siquiera nimio cambio de posición que podría suponer que el Gobierno español invite -y, por tanto, quiera- debatir sobre la pretensión de Catalunya (y Euskadi) de modificar su actual estatus de autogobierno. La segunda, por el contrario, la de desconfiar de la invitación de quienes con anterioridad han puesto todos los obstáculos e impedimentos a ese debate o han modificado unilateralmente el resultado del mismo, como sucedió al Nuevo Estatut con Pasqual Maragall en la Generalitat y su cepillado por el Congreso y el TC en 2006, cuando Euskadi y Catalunya así lo han pretendido “por los cauces legalmente previstos”.

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