Tribuna abierta

Desmontando la política de puro conflicto

Por Ander Errasti López - Jueves, 18 de Mayo de 2017 - Actualizado a las 06:03h

eL acuerdo de renovación del Cupo y el apoyo del PNV a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) han abierto tres cajas de Pandora: el aparente privilegio insolidario de la CAV, la connivencia ideológico-programática entre el PP y PNV y las implicaciones para el debate territorial del Estado. Tres debates que no solo son políticamente estériles por interesados, sino socialmente contraproducentes. Las reacciones, perfectamente comprensibles y coherentes, afloran tres elementos que lastran todo intento de regeneración democrática en España: un profundo desconocimiento sobre la constitución pluralista del Estado, una visión de la política como gestión de relaciones de puro conflicto y unas posturas apriorísticas e inflexibles respecto a la configuración territorial del Estado.

El Concierto Económico como marco de relación bilateral con el Estado no solo no es privilegio, sino que es compatible con la solidaridad de un planteamiento cosmopolita que defienda que no podemos fijar nuestras obligaciones a partir de un elemento moralmente arbitrario como las fronteras políticas. Así como no podemos justificar una consideración moral desigual en función del género, raza o sexo, no es justificable hacerlo en función de la nacionalidad. Trasladado a la distribución fiscal, no hay razones morales para sostener que tengamos más deberes distributivos para con nuestros conciudadanos que para con el resto del mundo. Ahora bien, la distribución no solo depende de los principios morales, sino de las posibilidades materiales. Es decir, una vez fijadas nuestras obligaciones morales ideales, estas se materializan en contextos institucionales concretos. Estas instituciones se pueden modificar mediante procesos democráticos legítimos, por supuesto. Sin embargo, a nadie se le ocurriría sostener que, por más razones morales que tengamos, se puede imponer unilateralmente un marco de redistribución a los ciudadanos franceses o noruegos. Del mismo modo, sería un disparate plantear una modificación unilateral respecto a Euskadi.

Decimonónico nacionalismo Ahí entra la discusión sobre el Cupo, que es como en el marco institucional actual se define la contribución de Euskadi a los PGE. Sin entrar a valorar el detalle de la cantidad acordada, ¿hay un solo cosmopolita que pueda sostener que los flujos entre Euskadi y el Estado resultantes de la negociación no están por encima de cualquier pretensión de distribución fiscal entre Estados? Si la respuesta es afirmativa y se plantea un sistema de distribución justo y viable entre los Estados-nación que supere los niveles de distribución solidaria acordados en el Cupo, la propia ciudadanía vasca lo promoverá. Mientras la respuesta siga siendo negativa, plantear fijar flujos de solidaridad como si el Concierto no existiera es una muestra más de nacionalismo español decimonónico, incapaz de reconocer la pluralidad real y formal que existe en el Estado.

Sobre el segundo punto de controversia, sin entrar a valorar esa sintonía PNV-PP a la que se apela y que parece más bien impostada a tenor del programa jeltzale y de su posición respecto a las políticas del Gobierno español, más relevante resulta la idea de la política que subyace a las valoraciones que se han realizado. Los que consideran que el acuerdo es intolerable ignoran, quizá de forma interesada, dos cuestiones. Las muestras de nacionalismo excluyente, neoliberalismo económico y carencia de liberalismo político del PP reflejan planteamientos que, siendo legítimos y defendibles, distan mucho de ser deseables. Todo ello por no mencionar los infames casos de corrupción, redes clientelares y connivencia con poderes predemocráticos. Ahora bien, en un sistema democrático, salvo que las normas así lo concluyan, todas las opciones del arco parlamentario están legitimadas a promover su proyecto. Puede haber proyectos que, siendo legales, la mayoría de la sociedad considere ilegítimos. No obstante, la democracia española es homologable a las de su entorno tanto como lo es el PP a opciones políticas similares en Europa. Así, reconociendo la sana y profunda discrepancia, no podemos obviar que la política es la herramienta para dirimir los conflictos y tensiones. Negar esa cualidad a la política para mantener impolutos los principios en un marco democrático implica renunciar a mejorar la situación de la ciudadanía. Un lujo que ninguna opción política debería permitirse.

El Concierto no es privilegio, sino que es compatible con la solidaridad de defender que no podemos fijar nuestras obligaciones a partir de un elemento moralmente arbitrario como las fronteras políticas

Si la lealtad, cooperación y responsabili

Un escenario, cuatro opciones En lo que se refiere al fondo, no podemos olvidar que el escenario no solo resulta de la distribución de fuerzas políticas por la que optó la ciudadanía, sino también de unos apoyos que propiciaron la formación del gobierno actual. Una decisión en la que el PNV tuvo una postura nítida en todo momento. En ese escenario correspondía sacar adelante los PGE. El PNV tenía, al menos, cuatro opciones: rechazarlos a priori, rechazarlos tras una negociación, abstenerse o apoyarlos tras una negociación. En el caso de la primera opción, excluir opciones legitimadas por el sistema no se corresponde con el funcionamiento óptimo de la política. En el caso de la segunda opción, deberíamos valorar las alternativas. Son dos: prorrogar los presupuestos de la mayoría absoluta del PP (indudablemente peores que los actuales y poco ajustados a la actualidad) y la repetición electoral (con los sucesivos sondeos electorales que auguran un crecimiento del PP). Todo ello sin mencionar el argumento de la estabilidad, si bien no creo que sea deseable a cualquier precio. En este escenario, lo mejor a lo que podía aspirar el PNV era a mejorar la propuesta de PGE, lo que pasaba por una negociación en la que la abstención debilitaba su posición. Si ha alcanzado ese objetivo, lo valorarán los ciudadanos, pero no intentarlo no era una opción.

Y, por último, se encuentran las posturas apriorísticas e inflexibles en lo que se refiere a la configuración territorial del Estado, que se aprecian en una reacción airada en la prensa catalana, especialmente entre aquellos medios partidarios del procès. Una reacción que coincide con los aplausos por parte de los sectores nacionalistas españoles. Los primeros ilustran el acuerdo como una nueva edición del peix al cove (una especie de “más vale pájaro en mano…”) de ciertas etapas del pujolismo, recriminando al PNV que Catalunya ya había pasado por esos planteamientos con el resultado actual por todos conocido. En ese sentido, no tengo ninguna duda de que el Estado tiene una mayor carga de responsabilidad de que en el caso catalán nos tengamos que resignar al inmovilismo, referéndum unilateral o una tercera vía etérea o insuficiente. Sin embargo, esos no son los términos en los que a día de hoy se enmarca la relación entre Euskadi y el Estado.

Siendo así, criticar el acuerdo por el hecho de que se llegue a acuerdos, siendo contextos diferentes, no parece demasiado justificable. Tan injusto sería criticar las decisiones del Govern de la Generalitat por parecer radicales frente a la postura del Gobierno vasco como lo es criticar las del Gobierno vasco tras compararlas con las del Govern de la Generalitat. Contextos distintos exigen medidas distintas.

Otra cuestión sería la solidaridad con los excesos que el Estado está ejerciendo sobre Catalunya, empezando por la cerrazón ante la posibilidad de celebrar un referéndum pactado hasta el vergonzoso uso partidista de la justicia. Sin embargo, son situaciones que en Euskadi desgraciadamente ya hemos vivido -y hasta cierto punto seguimos viviendo- y ante las que el PNV ha mostrado claramente su apoyo y solidaridad. Mezclar ambas cuestiones no beneficia a Euskadi ni a la relación entre Catalunya y el Estado.

Ejercer la bilateralidadEn cuanto a quienes aplauden la supuesta docilidad del Gobierno vasco en general y el PNV en particular, no entienden que esta postura no implica renunciar su planteamiento fundamental: que Euskadi es una nación con un marco institucional diferenciado. Al contrario, implica precisamente ejercer y poner en valor la relación bilateral en la que está enmarcada esa nación. Si la lealtad, cooperación y responsabilidad que exige toda relación bilateral se mantiene, ambas partes saldremos ganando. Si, por el contrario, y como ocurre con la relación con Catalunya, el Estado asumiera otra postura, el conflicto estaría servido.

En definitiva, los tres elementos que se recriminan a raíz del acuerdo alcanzado implican un rechazo a priori de la cooperación como fundamento de la política. Un planteamiento que sería deseable superar si aspiramos a avanzar en una democracia más sólida y más adecuada a la realidad. De lo contrario seguiremos limitándonos a reafirmarnos en nuestros principios, subrayando lo que nos diferencia del adversario político. Postura reconfortante, seguro, pero a todas luces poco útil para mejorar el bienestar de la ciudadanía.* Investigador de Globernance

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