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¿Qué sucede con las energías renovables?

Por Julen Rekondo - Lunes, 15 de Mayo de 2017 - Actualizado a las 07:41h

Columnista Julen Rekondo

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Columnista Julen Rekondo

EL Gobierno español perdió el pasado día 4 el primer arbitraje internacional presentado por el Fondo Eiser Infrastructure Limite contra el cambio regulatorio de 2010 que redujo la retribución garantizada en las energías renovables. La sentencia de la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias del Banco Mundial ha establecido que el Gobierno “privó de un trato justo” a los demandantes, propietarios de tres plantas termosolares, y condena al Estado Español al pago de 128 millones más intereses.

Pero, además, el fallo de este organismo internacional puede ser el primero de la treintena de demandas internacionales interpuestas contra el gobierno español por el recorte que aplicó al precio del kilovatio hora producido en instalaciones renovables. Si el resto de laudos van en la misma dirección, el Estado español, es decir, la ciudadanía contribuyente, podría enfrentarse a indemnizaciones millonarias.

Sin duda, la resolución pone en primer plano la nefasta política energética de los diferentes gobiernos españoles, antes con el PSOE, ahora con el PP, con la excusa de acabar con el déficit de la tarifa, que ha ocasionado que miles de ciudadanos y ciudadanas perdieran sus ahorros destinados a la generación de energías renovables, así como un auténtico hachazo en forma de paralización de las energías renovables y, en función de ello, un aumento de los gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático. Concretamente, según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), los gases de efecto invernadero han vuelto a aumentar desde 2013, tras los peores años de crisis económica, a diferencia de la tendencia observada en la UE.

Pero vayamos por partes.

En primer lugar, diré que mi postura ante las energías renovables es totalmente positiva, entre otras cuestiones, porque son fuentes inagotables que se renuevan constantemente, tienen un menor impacto sobre el medio ambiente que los combustibles fósiles o la energía nuclear, contribuyen a la lucha contra el cambio climático, y a crear un modelo de producción eléctrica descentralizada.

Haciendo brevemente un recorrido de lo que ha sucedido con las renovables en el Estado Español, nos deberíamos remontar al año 2007, cuando el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero creó un sistema que garantizaba el cobro de una retribución mediante fuentes renovables. Esta retribución era variable en función del tipo de tecnología (eólica, fotovoltaica, etc.) y en función del tamaño de la instalación. De esta manera, miles de ciudadanos y ciudadanas, empujados por la retribución planteada y también como forma de ayuda al medio ambiente, invirtieron en la generación de energías renovables. Alrededor de unas 55.000 familias se sumaron a esta propuesta, entre ellas unas cuantas vascas, para luego arruinarse prácticamente.

Porque, con el paso de los tiempos, los sucesivos gobiernos españoles adoptaron recortes retroactivos a esta fuente energética. Así, en 2010, el gobierno del PSOE dictó fuertes recortes a la retribución de la eólica, fotovoltaica y termosolar mediante el establecimiento de un número máximo de horas de producción retribuida al año, fijado muy por debajo de las horas reales de producción anual. Desde enero de 2012, ya con el gobierno de Mariano Rajoy, las nuevas instalaciones no recibirían ni un céntimo de retribución por parte del sistema eléctrico. Pero, la cosa iría todavía va a más y, en 2013, el gobierno del PP lanza una reforma eléctrica que recorta otros 1.700 millones de euros la retribución a las renovables y que supone el hachazo definitivo para muchos productores.

Pero las resoluciones judiciales españolas no valen para los inversores extranjeros, y ello ha motivado que se hayan producido una treintena de reclamaciones ante los tribunales internacionales, con muchas posibilidades de prosperar, como ha ocurrido con la primera de ellas.

Debido a ello, el Estado español lleva cinco años en medio de un parón de las renovables, cuando hace una década era líder mundial. Sin duda, y también hay que decirlo, el Estado español sufrió una enorme indigestión, mezcla de varios ingredientes: una gran instalación de renovables en un periodo en el que la tecnología no estaba madura y requería de grandes ayudas públicas, que se diseñaron mal;una crisis que redujo drásticamente la demanda de electricidad;y un sistema sobrecapacitado -hay mucha más potencia instalada de lo que se demanda- basado en costosas centrales e instalaciones de combustibles fósiles.

Sin duda, una revolución limpia recorre el mundo, aunque como hemos podido ver, no todo. Las principales potencias han abrazado las tecnologías renovables para generar electricidad empujadas por la caída de sus costes. Entre 2013 y 2015, la potencia eólica instalada creció más de un 20% en Europa, un 36% en Asia y un 24% en Norteamérica, mientras el Estado Español miraba para otro lado: en ese mismo periodo aquí creció un 0,07%. También en ese periodo, la potencia solar fotovoltaica aumentó más de un 15% en Europa, un 58% en Asia y un 52% en Norteamérica, pero en el Estado Español, el paraíso del sol, la solar conectada a la red eléctrica creció solo un 0,3%.

El Estado español tiene un potencial de generación de energía eléctrica a través de una irradiación solar impresionante y, sin duda, de los más altos de Europa. A pesar de que haya diferencias en cuanto al potencial solar entre la mayor parte del territorio peninsular y la cornisa Cantábrica y Galicia, cabe decir que en Euskadi disponemos de un 15% más de potencial solar que Alemania, uno de los países líderes en su aprovechamiento de la Unión Europea.

Las consecuencias de la desastrosa reforma energética que ha provocado que el Estado español sea uno de los estados que más demandas de arbitraje internacional tiene abiertas, todas ellas a causa de los recortes en el campo de las energías renovables, deben de llevar a la necesidad imperiosa de adoptar una nueva política energética alternativa que conduzca a un sistema eficiente, descentralizado y 100% renovable, que permita un serio y sustancial avance en la lucha contra el cambio climático. Y, es que como sigamos así, y no haya un cambio radical, va a ser complicado que el Estado español cumpla con el objetivo de alcanzar el 20% de energías renovables en 2020, al que está obligado por la Unión Europea.

Finalmente, no nos podemos olvidar de otra de las consecuencias económicas y sociales importantes, además de otras que se han comentado anteriormente, y es que el estado lleva gastados entre 9 y 12 millones de euros para defenderse de los litigios internacionales en los que se ha metido y que serán pagados por la ciudadanía;pero, además, tendrá que indemnizar a los fondos internacionales que se han visto afectados por las medidas retroactivas. Es decir, retirar las inversiones en renovables ha supuesto que el sector de las energías renovables no haya podido contribuir a frenar en parte la crisis económica y crear empleo.

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