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Períodico de Deia
critica con dureza la decisión de Madrid

Lakua busca apoyo internacional para la ley de abusos policiales

Jonan Fernández desplegará las actuaciones que no se vean afectadas por la suspensión del TC

Míriam Vázquez - Sábado, 13 de Mayo de 2017 - Actualizado a las 06:03h

El secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno vasco, Jonan Fernández

El secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno vasco, Jonan Fernández (EFE)

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El secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno vasco, Jonan Fernández

bilbao- El Gobierno vasco se prepara para la carrera de fondo que va a suponer defender ante la justicia e instancias internacionales su ley de reparación a las víctimas de abusos policiales sufridos entre 1978 y 1999. El recurso presentado por el Gobierno español de Mariano Rajoy supone un escollo en el reconocimiento de esas víctimas y va a demorar ese proceso. El secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, compareció ayer para criticar con dureza la decisión de Madrid, y para avanzar que su gobierno va a seguir desplegando las actuaciones que no se encuentren entre los artículos que el Gobierno español ha pedido suspender de manera inmediata y de forma cautelar al Tribunal Constitucional. No obstante, parece asumido que podrá constituirse la Comisión de Valoración de las denuncias pero poco más, porque Madrid quiere impedir que conceda la condición de víctima y recalca que solo lo puede hacer un juez.

La estrategia que se ha fijado Jonan Fernández consiste en recabar apoyos internacionales, como el que escenificó recientemente con el expresidente del Comité de Derechos Humanos de la ONU, Fabián Salvioli. El secretario de Paz y Convivencia entiende que se encuentra en una posición de fuerza, y desgranó múltiples ejemplos de convenios internacionales, e incluso la ley estatal de víctimas, que se expresan en términos casi idénticos a la ley recurrida.

Fernández compareció ayer en la sede del Gobierno vasco en Donostia para denunciar que Madrid se haya basado en “pretextos y excusas” y no en argumentos jurídicos. Todavía no conoce la letra concreta del recurso pero, por las informaciones que le llegan, se pide congelar inmediatamente cinco artículos. La primera batalla jurídica que va a librar buscará que el Tribunal Constitucional no atienda esa petición de suspensión, aunque no es una pelea sencilla porque los jueces acostumbran a asumir las medidas cautelares que pide el Estado. Los magistrados tienen cinco meses para decidir sobre ese extremo.

En cuanto al fondo del asunto, el fallo puede demorarse dos años. En ese ínterin, y teniendo en cuenta que es muy probable la suspensión cautelar de esos artículos, todo apunta a que no podrá avanzarse demasiado en el proceso de reconocimiento. Además, si avanzase, se podría desencadenar un problema de seguridad jurídica para las víctimas, ante las que Fernández no quiso generar ayer falsas expectativas. Lo que sí va a hacer el Gobierno vasco es constituir la Comisión de Valoración compuesta por peritos forenses del Instituto Vasco de Medicina Legal y representantes nombrados por instituciones vascas.

El meollo del conflicto radica en que Rajoy cree que la Comisión de Valoración se entromete en las competencias de los jueces. Cree que solo los tribunales pueden conceder la condición de víctima, y que la ley vasca puede endosar un delito a personas que no han sido condenadas. “Hace decir a la ley lo que no dice, para acto seguido tacharlo de inconstitucional. La ley no solo no atribuye a la Comisión de Valoración ninguna competencia que invada la función de jueces o tribunales, sino que excluye expresamente esta posibilidad. Sus atribuciones se sitúan en un marco administrativo y no penal. No tiene ninguna misión de establecer culpables”, recalcó.

Fernández argumentó que todos los procesos de reconocimiento, ya sean de víctimas del terrorismo o de la violencia machista, son administrativos e idénticos al que prevé la ley recurrida. Cree que, si el reconocimiento de las víctimas dependiera de los jueces, muchas de ellas no estarían reconocidas porque en ocasiones la investigación ha entrado en un callejón sin salida, ha sido imposible identificar al autor material del delito o se han producido otras incidencias. La razón de ser de los procesos de reconocimiento sería admitir que existen esas víctimas, y no fijar culpables ni endosar delitos a nadie.

los argumentos de lakuaEl secretario de Paz y Convivencia puso ayer sobre la mesa hasta tres leyes y convenios que defienden su posición, incluida la ley española de víctimas. Comenzó por la resolución 60/147 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 2005, que establece en su artículo 9 que “una persona será considerada víctima con independencia de si el autor de la violación ha sido identificado, aprehendido, juzgado o condenado”.

Después citó la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo aprobada por las Cortes estatales, que fija que pueden ser reconocidos los damnificados cuando, sin mediar sentencia, “se hubiesen llevado a cabo las oportunas diligencias judiciales o incoado los procesos penales para el enjuiciamiento de los delitos. En estos casos, la condición de víctima (...) podrá acreditarse ante el órgano competente de la Administración General del Estado por cualquier medio de prueba admisible en derecho”. Terminó con el Convenio Europeo sobre Indemnización a las Víctimas de Delitos Violentos redactado en Estrasburgo, donde se prevé que “la indemnización se concederá incluso si el autor no puede ser perseguido o castigado”.

Estos ejemplos, el apoyo internacional brindado por Salvioli y el que espera que le dispensen otras instituciones en los próximos meses constituye la parte principal del arsenal jurídico de Fernández en defensa de la ley. “No nos sentimos en un callejón sin salida. Tenemos por delante un proceso largo, pero tenemos la corriente a favor. Quienes atacan esta ley están contracorriente”, alentó. Según dijo, aunque este recurso sea un jarro de agua fría, las conquistas de este tipo se demoran en el tiempo y siguen caminos igual de tortuosos que el de esta ley. Fernández auguró que “instituciones internacionales de Derechos Humanos no van a tener problema en pronunciarse”. “Ese va a ser un aval importante”, anunció, sin ofrecer más detalles.

El Gobierno vasco cree que tiene a su favor “la existencia real de las víctimas” a las que quiere reparar y, de hecho, Fernández se refirió ayer a que los medios de comunicación se hacen eco de los aniversarios de esas víctimas. Entiende que es una realidad constatada y que los damnificados cuentan con el apoyo mayoritario de la sociedad vasca. También detecta la opinión favorable de organismos internacionales. “Las víctimas deben saber que tienen ya el reconocimiento moral y explícito de la sociedad vasca y de sus instituciones. Deben saber que seguimos trabajando para que ese reconocimiento tenga también un reflejo legal”, defendió.

Homenaje a los asesinados en la semana proamnistía

aniversario.La dinámica de la izquierda abertzale Kalera Kalera rindió ayer un homenaje a los asesinados en la semana proamnistía en mayo de 1977, y dijo que “la libertad de los presos vascos” es “el termómetro y la medida de la sinceridad y el carácter con la que se afronta un camino en construcción y libertad”. El acto, al que asistieron cargos electos de la izquierda abertzale durante los últimos 40 años, entre ellos los actuales concejales en el Ayuntamiento de Bilbao, consistió en una ofrenda floral en la Plaza Moyúa. Foto: Kalera Kalera

“Las víctimas tienen el reconocimiento moral de la sociedad vasca y hace falta un reflejo legal”

JONAN FERNÁNDEZ

Secretario de Paz y Convivencia

LA LEY

Víctimas. Las estimaciones del Gobierno vasco calculan que podrían verse amparadas por la ley entre 300 y 450 personas, entre las que se encontrarían los jóvenes Lasa y Zabala, torturados y asesinados por los GAL;y Gladys del Estal, fallecida en una protesta antimilitarista.

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