18,4% de tasa de paro

La precariedad laboral es el gran problema de la juventud vasca

El Consejo de la Juventud de Euskadi exige trabajar en mejorar las condiciones laborales

I. Alonso - Miércoles, 10 de Mayo de 2017 - Actualizado a las 06:03h

Un grupo de jóvenes participa en un foro científico celebrado en la capital vizcaina.

Un grupo de jóvenes participa en un foro científico celebrado en la capital vizcaina. (Juan Lazkano)

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Un grupo de jóvenes participa en un foro científico celebrado en la capital vizcaina.

El Consejo de la Juventud de Euskadi exige trabajar en mejorar las condiciones laborales

Bilbao- El paro y el acceso a la vivienda continúan siendo los principales problemas de la juventud vasca, según expuso ayer en el Parlamento Vasco la presidenta del Consejo de la Juventud de Euskadi (EGK), Maialen Olabe. “El 18,4% de las personas jóvenes entre 16 y 29 años está en paro según los datos del primer trimestre de 2017, es decir, 24.000 personas jóvenes”, señaló Olabe, quien denunció que esta situación “dificulta realizar un proyecto de vida aunque por primera vez en la última década el dato de desempleo juvenil “no duplica el de la tasa general de paro, que es del 11,4%”.

Aún así, Olabe pidió “seguir trabajando y reflexionando” porque aún queda “mucho por hacer en materia de empleo”. De este modo, la presidenta de EGK incidió durante su comparecencia en la Comisión de Empleo, Políticas Sociales y Juventud en que “cada vez hay más personas jóvenes en jornada parcial, sobre todo mujeres jóvenes”. Sobre la situación socioeconómica, Olabe subrayó, entre otros problemas, los obstáculos de las personas jóvenes a la hora de emanciparse. En este sentido, el organismo juvenil asegura que una persona entre 18 y 34 años debe destinar el 63,8% de su sueldo para pagar el alquiler mientras que una de entre 18 y 24 destina el 92,3%. Por tanto, el porcentaje salarial que actualmente debe ser destinado al alquiler en ambas franjas de edad está muy lejos del 30% recomendado internacionalmente.

Según los cálculos realizados por EGK, para cumplir con esos estándares los sueldos deberían incrementarse en un 112%. La consecuencia de todo ello es que la edad de emancipación en Euskadi ronda los 29 años, aunque los jóvenes querrían irse de casa de sus padres a los 24. “Teniendo en cuenta que con 30 años dejamos de ser jóvenes, deberíamos reflexionar sobre las necesidades de la juventud”, dijo Olabe, al tiempo que animó a “hacer hincapié” en la forma de corregir la precariedad laboral y no tanto en la tasa de desempleo.

El área de trabajo de igualdad también tuvo un hueco importante en la intervención. El Consejo de la Juventud de Euskadi denunció entre junio y diciembre del año pasado 34 ataques de violencia machista a chicas jóvenes y tres casos contra el colectivo LGTBI (lesbianas, gais, transexuales y bisexuales), todos ellos registrados en Bizkaia aunque la última vez que fue activado el protocolo fuera en Irun.

En este sentido, Olabe señaló que durante ese periodo EGK activó su protocolo contra la violencia machista 34 veces por agresiones a 42 mujeres jóvenes. Según el Consejo, al menos el 23% de los agresores era joven y el 90% de los casos denunciados no entendía a las mujeres jóvenes como víctima de la violencia de género. “Cualquier agresión que suframos por el hecho de ser mujer debería estar contemplado como violencia machista”, reclamó la presidenta de EGK.

En su comparencia, Olabe presentó la memoria de lo realizado en 2016. Tras realizar una explicación general de las áreas de trabajo, incidió en ciertos aspectos como: el informe Recorridos morados, posicionamientos públicos al hilo de temas que influían a las personas jóvenes (Día Internacional de la Salud Laboral, Día de la Memoria, etc.), el libro Jóvenes y paz que resume el trabajo del área de paz o el documental La oportunidad de las personas jóvenesque resume las ideas, peticiones y propuestas. Olabe también aprovechó la ocasión para explicar la planificación de 2017 y sus principales acciones, entre las que destaca la puesta en marcha de un protocolo de actuación para casos de desahucios de personas jóvenes de manera que se subsane la “carencia” que han detectado en este ámbito.

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