España DEBE pagar 128 millones más intereses

El recorte de primas a la generación solar arruina a 60.000 familias

La sentencia del Banco Mundial contra España pone de manifiesto la problemática sin resolver de la energía renovable

Xabier Aja - Domingo, 7 de Mayo de 2017 - Actualizado a las 06:04h

Central termosolar en la que participa la empresa vasca Sener en tierras marroquíes.

Central termosolar en la que participa la empresa vasca Sener en tierras marroquíes. (Sener)

Galería Noticia

Central termosolar en la que participa la empresa vasca Sener en tierras marroquíes.

BILBAO- La sentencia del Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, por la que obliga a España a pagar 128 millones de euros, más los intereses correspondientes, por los perjuicios que el recorte de las primas a las energías renovables causó a tres plantas termosolares instaladas en 2007 por el fondo británico Eiser Infrastructure tras una inversión de 900 millones, ha vuelto a poner sobre la mesa el papel de las energías renovables en el pool energético español, en general, y el de la energía solar, en particular. Así, como el quebranto económico, según Anpier, que han sufrido miles de ciudadanos que apostaron por invertir en la solar fotovoltaica con unas primas a la generación que se han visto recortadas en un 40%.

Según datos de REE, en 2016 la energía eléctrica de origen solar representó el 5% del mix energético español. La fotovoltaica aportó 7.979 gigavatios-hora y la termosolar, 5.102. En total 13.081 frente a una generación total de 262.859.

Es una realidad que el Estado español tiene un potencial de generación de energía eléctrica a través del aprovechamiento de los rayos del sol sin parangón alguno en Europa. Sin contar la Cornisa Cantábrica, Pirineos y Galicia, el Estado es un paraíso para la generación solar, con una irradiación solar que alcanza o supera los 1.500 kilovatios-hora por metro cuadrado en casi la mitad del territorio. En este contexto, y con este potencial, se puede entender el Real Decreto 661/2007 del Gobierno español de José Luis Rodríguez Zapatero para impulsar las energías renovables, en concreto la solar, con unas primas generosas de manera que en cuatro años se alcanzase hasta un 29% de la generación bruta de energía en España por vía de renovables. El problema es que no se puso límite alguno, ni financiero, ni de capacidad instalada. Y al calor de un rendimiento prácticamente garantizado la instalación de centrales termosolares, como las que han recurrido y ganado el arbitraje internacional, pero, sobre todo, de los denominados huertos solares fotovoltaicos se disparó hasta el punto que las cuentas del Estado no podían soportar el pago de primas tan generosas. Se ofrecía una rentabilidad de al menos el 7%, -recuérdese con los tipos de interés ya bajando-, y miles de particulares no dudaron en pedir el dinero prestado en el 80% de los casos para instalar unas placas fotovoltaicas y asegurarse, -así lo pensaban muchos ciudadanos-, una especie de fondo de pensiones garantizado. Muchos pequeños inversores solicitaron créditos de entre 200.000 y 500.000 euros a diez años para instalar placas fotovoltaicas.

En los tres primeros años, entre 2007 y 2009, se llegaron a instalar en España 4.200 megavatios solo de energía solar fotovoltaica, con una inversión que rondaba los 25.000 millones de euros. Y a finales de 2008 la potencia ya multiplicaba por diez las previsiones.

Unas 60.000 familias entraron en este juego y buena parte, sobre todo los acogidos a préstamos elevados, han terminado arruinados tras la reforma energética del Gobierno del PP para poner coto a una situación que se había vuelto insostenible. De hecho la solar se llevaba el 30% de las primas a las renovables en 2013 cuando solo generaba el 3,5% de la energía eléctrica. Si se hubiese puesto alguna limitación, por ejemplo, salvando las distancias como los planes Renove o PIVE de los automóviles, que ofrecen una subvención hasta que se agota la partida presupuestaria, el boom solar no hubiera llegado hasta donde llegó. En 2010 se le puso coto al dispendio al recortar un 45% las ayudas a los denominados huertos solares, el 25% a las grandes instalaciones y el 5% a las de placas solares pequeñas. El resultados es que los ingresos obtenidos por la generación eléctrica solar actual no son malos pero no llegan a compensar los créditos, a precios de 2007, solicitados en su día.

Los afectados consideran que el Gobierno ha utilizado el Boletín Oficial del Estado con efectos retroactivos pues ha cambiado las reglas de juego en mitad de la partida y esto en economía es pecado mortal.

Afortunadamente para los ciudadanos del Estado en su conjunto que son los paganos de estas planificaciones desastrosas, y obviamente no para los 60.000 inversores españoles en concreto, los tribunales de justicia en el Estado ya han dictaminado que no se tendrán que seguir abonando las primas de 2007 porque lastrarían las cuentas públicas y no se puede recurrir. El problema, uno más, es que esta resolución judicial española no vale para los inversores extranjeros que pueden, y de hecho lo han hecho en más de treinta casos, reclamar en los tribunales de arbitraje internacionales y, como se ha visto en este primer caso, ganar.

Aunque el Ministerio de Energía ha explicado que el Gobierno español estudia recurrir la resolución, desde el Ciadi se recuerda que sus laudos “son definitivos y obligatorios respecto de las partes en la diferencia”, aunque el convenio que regula esta institución contempla posibilidades muy limitadas de recurrir y nunca “ante los tribunales locales sobre la base del derecho interno o de otros tratados”.

El Gobierno, según el ministro Alvaro Nadal, ha hecho especial hincapié en subrayar que la decisión del Ciadi no se puede extrapolar a otros casos ni constituir un precedente vinculante pues se refiere únicamente a las tres plantas termosolares de y al perjuicio, excesivo a juicio del tribunal, que la reforma eléctrica acometida en 2013 y 2014 causó a sus titulares. Pero miles de ciudadanos que se fiaron del BOE e invirtieron lo que tenían, y lo que no tenían solicitando créditos con la garantía de sus propias casas y terrenos, y han terminado arruinados esperan que esta resolución les de, al menos, respaldo moral.

Solar

COMENTARIOS:Condiciones de uso

  • No están permitidos los comentarios no acordes a la temática o que atenten contra el derecho al honor e intimidad de terceros, puedan resultar injuriosos, calumniadores, infrinjan cualquier normativa o derecho de terceros.
  • El usuario es el único responsable de sus comentarios.
  • Deia se reserva el derecho a eliminarlos.

Más sobre Economía

ir a Economía »

Últimas Noticias Multimedia

  • ©Editorial Iparraguirre, S.A.
  • Camino de Capuchinos, 6, 5ºC Bilbao
  • Tel 944 599 100, Fax 944 599 120