por carecer de permiso

Bilbao apercibió a cien comercios por obstruir la vía pública en 2016

Ricardo Barkala defiende la labor de los inspectores que actuaron en la calle Carnicería Vieja

Ane Araluzea - Sábado, 6 de Mayo de 2017 - Actualizado a las 06:03h

El Ayuntamiento trabaja en una normativa más estricta para las terrazas.

El Ayuntamiento trabaja en una normativa más estricta para las terrazas. (Oskar Martínez)

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El Ayuntamiento trabaja en una normativa más estricta para las terrazas.

Bilbao- Los comerciantes de la calle Carnicería Vieja del centro histórico protagonizaron en marzo una protesta tras verse obligados a retirar los carteles publicitarios que colocaban en el exterior de sus locales por técnicos municipales. Desde el Consistorio bilbaino defienden que la actuación partió de las inspecciones rutinarias que realiza el Área de Espacio Público para controlar que los locales poseen la autorización necesaria para ocupar la vía. De hecho, el año pasado, el Ayuntamiento de Bilbao apercibió a 100 comercios por emplazar reclamos en la calle sin permiso para ello.

“Si no se establece de forma ordenada sería un caos”, consideró ayer Ricardo Barkala, concejal de Espacio Público, quien defendió que la inspección realizada en Carnicería Vieja no estuvo motivada por ninguna denuncia, sino que se actuó de oficio. El edil expuso que antes de sacar ningún cartel “los comercios deben solicitar una autorización para que el área juzgue si se ajusta a las leyes”. En ese sentido, Fran Viñez, director de Obras y Servicios, expuso como ejemplo el caso de un muñeco “con el brazo extensible” que podría ser peligroso para personas invidentes, ya que con el bastón no lo detectarían.

A pesar de admitir que Carnicería Vieja es “una calle que necesita un arreón”, Barkala defendió la labor de los inspectores al tratarse de “agentes de autoridad”. Según señaló, en su primera incursión los técnicos acudieron de visita y solicitaron las autorizaciones. Al contemplar que no disponían de las mismas, se instó a los comerciantes a que retiraran los elementos que tenían en la vía. Al día siguiente volvieron a acudir y se levantó el acta a los locales que no habían retirado los reclamos publicitarios.

Por otra parte, Barkala recordó que, solo el año pasado, el área que dirige recibió 24.000 quejas y sugerencias. Gran parte de esas proposiciones se refieren la ordenanza de Espacio Público y, precisamente, el concejal recordó que actualmente trabajan para regular de forma más concienzuda las terrazas en zonas como el Casco Viejo o Abando. “Hay muchas cosas que mejorar”, reconoció.

Aitziber Ibaibarriaga, portavoz de EH Bildu, aprovechó la coyuntura para criticar “la concesión de licencias en hostelería”. Por ello consideró que “el problema no es la ordenanza, sino el cumplimiento”. En lo que respecta a la actuación de Carnicería Vieja, la concejala achacó la “actitud desproporcionada” del Ayuntamiento, ya que “no es una zona saturada” y razonó que Surbisa ha actuado para potenciar el comercio en dicha calle. Así, instó al área a sentarse con los comerciantes para colaborar.

En esa línea, Samir Lahdou, portavoz de Goazen Bilbao, expuso que “se podía haber actuado más suave, con otros comerciantes son más laxos” y afeó que incluso se hayan “retirado macetas del alféizar de un comercio”. Por su parte, Carmen Muñoz, portavoz de Udalberri, reprochó a Barkala que “su área no esté muy coordinada con Promoción Económica”. Una apreciación a la que también hizo alusión Alfonso Gil, concejal de Movilidad y Sostenibilidad, quien evidenció el “difícil equilibrio entre la promoción económica y la accesibilidad”, al entrar en conflicto con el Plan de Movilidad Urbana Sostenible que prepara el área que dirige.

Respecto a la ordenanza -que la oposición coincidió en alegar que necesita ser redefinida y contar con más consenso-, Óscar Fernández-Monroy, edil del PP, evidenció “los agravios comparativos” que se dan. Como ejemplo, citó algunas ocupaciones que se realizan con el fenómeno del botellón o el mercadillo de Fika. Por ello, solicitó “la misma vara de medir para todos los ciudadanos”.

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