Tribuna abierta

Visualizar daños, mejorar la prevención laboral

Por Jesús Uzkudun Illarramendi - Jueves, 4 de Mayo de 2017 - Actualizado a las 06:03h

DESPUÉS de 21 años de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, es necesario seguir denunciando el incumplimiento de las obligaciones preventivas de las empresas y el fraude que supone la masiva ocultación de los daños a la salud a las clases trabajadoras. Responder a la ocultación de enfermedades del trabajo es un enorme reto sindical para lograr mejorar las condiciones de trabajo. Y los profesionales de la Sanidad pública deben convertirse en agentes protagonistas, ya que la ocultación del origen laboral de numerosas enfermedades cuestiona la viabilidad de la propia sanidad pública.

La siniestralidad laboral aumentó un 5% en España en 2016, destacando el incremento en la hostelería y la industria manufacturera. Este aumento no es consecuencia exclusiva de la precariedad en la contratación, es un factor añadido al incumplimiento empresarial de las necesarias inversiones preventivas.

Sorprende que pese al intento de las mutuas por derivar injustamente a los trabajadores accidentados en el trabajo a la Seguridad Social, sumado a las presiones de las empresas por no declarar accidentes de trabajo ni asumir sus consecuencias, se hayan producido 555.722 bajas por accidente de trabajo. Comparto plenamente el llamamiento de Guy Ryder, director de OIT a favor de la “prevención de las enfermedades profesionales y no centrarse solo en los accidentes laborales”, ya que estas generan mucho mayor sufrimiento, pérdida en horas trabajo y vidas humanas. Como señala la OIT, anualmente se producen 2,34 millones de muertes en el mundo relacionadas con el trabajo, de ellas 2,02 millones son como consecuencia de enfermedades profesionales. La propia Comisión Europea señala al cáncer como la primera causa de mortalidad laboral, atribuyéndole el 53% de las muertes laborales. Una guerra sangrienta y silenciada, cuyas víctimas enferman o mueren mientras buscan el sustento propio o familiar. Son datos que merecen una reflexión y cambio de actitud de CEOE, gobiernos y organizaciones sindicales y sociales.

¿Y como evolucionan las enfermedades profesionales? En 2016 aumentaron respecto al 2015 un 7,6%, hasta las 20.730, la mitad de ellas sin baja;un pequeño incremento que resulta positivo en tanto que el 70% de estas enfermedades quedan ocultas como comunes, con lo que quien pierde es la mayoría social, ya que no se adoptan, ni se requieren medidas preventivas en las empresas y la víctima pierde prestaciones económicas de la Seguridad Social, y la Sanidad pública, Osakidetza en nuestro caso, corre con los gastos que les correspondería pagar a las mutuas de ser declarada su causa laboral.

En muchas ocasiones, me preguntan por los centenares de miles de euros que obligamos a pagar a las empresas, tras sentencia judicial, en concepto de daños y perjuicios, así como recargos por falta de medidas de seguridad a las víctimas del amianto, silicosis, etc. Sin duda, pagan porque incumplieron la legislación de Seguridad e Higiene y la prevención de enfermedades profesionales. Adoptar las medidas que requería la ley, hubiera sido mucho más barato y rentable para todos, especialmente para las víctimas.

Es una lección que algunas empresas no terminan de aprender y que no preocupa a los servicios de prevención, en tanto no se les requiere responsabilidades.

Al parecer confían en que la acción de las mutuas o del propio INSS les libre de responsabilidad, negando lo evidente, obligando al enfermo a pelear el origen laboral de innumerables enfermedades: hipoacusias por ruido, lesiones músculo-esqueléticas, respiratorias o epidemia de cáncer profesional, entre otras, sin olvidarnos del estrés o enfermedades psicológicas generadas por la tóxica organización del trabajo. El sindicalismo en su conjunto debe asumir que la prevención no avanza sin la compensación y reparación del daño causado.

La responsabilidad de las empresas es ineludible, pero resulta inadmisible que las unidades sanitarias de los servicios de prevención callen y oculten las enfermedades detectadas en la vigilancia sanitaria anual a los trabajadores, eludiendo la Comunicación de Sospecha de su origen laboral. Incumplir dicha obligación, es un fraude a la prevención y a la deontología médica que se debe combatir de forma contundente.

Es necesario fortalecer el activismo sindical por la salud laboral, luchando por visualizar las enfermedades y daños a la salud producidos en el trabajo, exigiendo la máxima compensación por la infracción preventiva. Si no luchamos por defender nuestra salud, no debemos esperar que otros lo hagan por nosotros. Y si perdemos nuestra salud, con seguridad perderemos el empleo y, con él, un mínimo bienestar.

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