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un caso judicializado

Esparza niega el fraude en las ayudas para cursos

El presidente de UPN también se desmarca de la mala gestión de la planta de biogás de Ultzama

Andoni Irisarri - Miércoles, 3 de Mayo de 2017 - Actualizado a las 06:03h

El dirigente regionalista, en una imagen de archivo.

El dirigente regionalista, en una imagen de archivo. (EFE)

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El dirigente regionalista, en una imagen de archivo.

IRUÑEA.El presidente de UPN, Javier Esparza, optó ayer por la doble negativa y la amenaza de ir a los tribunales para tratar de desmarcarse ante la opinión pública de cualquier responsabilidad en el posible fraude en la concesión de ayudas para cursos de formación de UAGN y la deficitaria gestión de la planta de biogás de Ultzama. Dos casos que recientemente han saltado a la actualidad, que ya están judicializados y que de alguna manera dan pie a cuestionar la gestión del Departamento de Desarrollo Rural en la última legislatura del Gobierno navarro, donde el actual dirigente regionalista desempeñó el cargo de consejero entre los años 2012 y 2015. Sin embargo, en los dos casos Esparza defendió a ultranza no tener nada que ver y recordó que ya ha puesto en manos de un despacho de abogados el análisis de “cualquier información” que se haga al respecto y que entienda que calumnia o difame su nombre, porque “demasiado ha aguantado UPN en estos últimos años con mentiras y difamaciones permanentes”.

Ataviado con traje y corbata y visiblemente nervioso, Javier Esparza compareció tras la Mesa y Junta con una intervención en la que los cursos de UAGN tuvieron un lugar primordial. En el año 2013 y siendo consejero de Desarrollo Rural, Esparza firmó una resolución por la que se desestimaba una queja en la que tres extrabajadoras del sindicato agrario denunciaban ante el departamento prácticas irregulares en algunas convocatorias de ayudas, algo que también hicieron en 2011 (con Sanzberro en el departamento) pero sin recibir respuesta alguna. En la resolución del consejero, firmada en octubre de 2013, Esparza asegura que tras una “comprobación documental” no se perciben “indicios de delito ni una incorrecta obtención, destino o justificación de las subvenciones percibidas”, pero una denuncia posterior de las extrabajadoras ante la Guardia Civil ha permitido judicializar el asunto, que está siendo investigado en el Juzgado de Instrucción de Iruñea y que estaría estudiando la posible concurrencia de delitos de estafa, falsedad documental y fraude en subvenciones.

No estuvo cómodo explicando cómo entonces, desde su departamento, no se vio conducta ilícita alguna y ahora el caso podría tener consecuencias judiciales. De hecho, Esparza se escudó en el “secreto de sumario” para tratar de minimizar las explicaciones sobre el episodio, en el que dijo haberse movido en base al criterio del personal funcionario del departamento.

Justificó su firma en la respuesta de desestimación porque “obviamente el informe está hecho por el órgano gestor y los técnicos del departamento”, y porque “hay informes técnicos que lo que dicen es que no se ha detectado ninguna irregularidad”. Sobre si el departamento comprobó la veracidad de la denuncia de las extrabajadoras, Esparza dijo que “se cumple con la Ley de Subvenciones, y quien tiene que revisar todos los expedientes es quien revisa el expediente. Y a partir de ahí concluye lo que concluye, que no hay responsabilidades”.

El resto de grupos parlamentarios se movió entre la prudencia por las investigaciones en curso y la preocupación por la gravedad de los hechos. Esa postura mantuvo Unai Hualde (Geroa Bai). El ayer portavoz de la formación se mostró prudente ante el trabajo de la Guardia Civil, pero manifestó “mucha preocupación” en torno al tema. “De confirmarse las informaciones, serían prácticas graves y requeriría dirimir responsabilidades políticas”. Una postura que compartió Adolfo Araiz, parlamentario de EH Bildu, a expensas de contar con más información, cree que existe “una responsabilidad en la gestión de UPN en el departamento de Desarrollo Rural y quien fue su titular”.

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