renta de garantía de ingresos

El Ararteko reclama proporcionalidad y más claridad en la gestión de la RGI

Elabora un documento en el que plantea medidas para hacer que las ayudas lleguen a quienes las necesitan

Beatriz Sotillo - Viernes, 28 de Abril de 2017 - Actualizado a las 06:03h

Protesta de organizaciones y personas usuarias de Lanbide por las trabas aplicadas en la gestión de la RGI.

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Protesta de organizaciones y personas usuarias de Lanbide por las trabas aplicadas en la gestión de la RGI.

Bilbao- El celo y la “severidad” aplicados por Lanbide en la gestión de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) generan a menudo situaciones surrealistas y excluyentes y dan lugar a multitud de quejas de los usuarios por la ausencia de criterios claros y justificación al denegar o suspender ayudas, por la exigencia de documentación difícil o prácticamente imposible de conseguir y por la aplicación de normas desconocidas para los demandantes de ayudas sociales. Tras la recopilación y análisis de muchas de estas quejas y después de varias reuniones y visitas a sedes de Lanbide, el Ararteko ha elaborado un informe-diagnóstico en el que se analizan los problemas relativos a la gestión de la RGI y la PCV, se plantean sugerencias para corregir algunas de las deficiencias y se proponen cambios normativos para mejorar el sistema de garantía de ingresos en Euskadi.

La mayor parte de las propuestas y sugerencias de cambio en la operativa actual de Lanbide con respecto a los demandantes o titulares de ayudas sociales tienen que ver con la información que el Servicio Vasco de Empleo ofrece sobre requisitos, motivos de las denegaciones, suspensiones o extinción de prestaciones, los plazos y la documentación requerida y también con algunas de las circunstancias en que puede incurrir una persona y que le impiden recibir una RGI o la ayuda para vivienda. Según el informe, “se han detectado carencias en la información que se ofrece a las personas con relación a los requisitos y a las obligaciones que deben reunir o respecto al alcance del consentimiento de las personas que se presta para solicitar datos e informes a otras administraciones públicas y las consecuencias que ello conlleva. Un ejemplo sería la conducta relativa al rechazo de una vivienda de protección oficial que implica la extinción de las prestaciones de RGI/PCV”.

En este sentido, el Ararteko incide en la necesidad de que a la hora de aplicar la normativa y los criterios de interpretación se incorpore el principio de proporcionalidad, con el fin de evitar que “muchas personas que cumplen los requisitos se queden fuera del sistema por conductas que, en ocasiones, responden más bien a descuidos que a incumplimientos o pérdida de requisitos”.

los criteriosAsí, el informe señala que “se estima necesario mejorar la atención e información con calidad suficiente a la ciudadanía que permita conocer las obligaciones como titular de prestaciones y las consecuencias que derivan de su incumplimiento”. Muchas de las sugerencias y propuestas contenidas en el informe han sido trasladadas durante los últimos años por el Ararteko a los responsables de Lanbide y algunas ya se han cumplido. Este es el caso de la reciente publicación en la página web del Servicio de Empleo del denominado Documento de criterios, que clarifica aspectos como la obligación de residencia, el concepto de unidad convivencial, nivel de patrimonio, etc.

Como se desprende de las quejas recibidas por el Ararteko y se vive a menudo en las oficinas de Lanbide, la exigencia de numerosos documentos y el rigor en el cumplimiento de requisitos, así como las comprobaciones necesarias para evitar casos de fraude o el cobro de la RGI y la PCV por personas que no tienen derecho a ellas, prolongan y dificultan la tramitación de ayudas para personas que se encuentran en una grave situación económica y social.

Este informe-diagnóstico sobre la RGI sucede al elaborado en 2013 y refleja las mejoras incorporadas en estos cuatro años. El Ararteko también reconoce las dificultades organizativas que supuso el traspaso de la gestión de las ayudas sociales a Lanbide en 2011 y el aumento de las personas atendidas a causa de la “persistencia de una crisis económica de una gravedad inusitada”. Tras señalar que el documento no analiza las buenas prácticas, la actuación eficaz y garantista o el papel “fundamental” del sistema de garantía de ingresos en la prevención de la exclusión y la pobreza, el Ararteko indica que su diagnóstico sobre la RGI se basa en las miles de quejas recibidas entre 2013 y 2017 y en la casuística detectada en las reclamaciones que recibe su oficina, además de en las actuaciones de oficio realizadas y en las visitas a las oficinas de Lanbide para conocer su funcionamiento. El Defensor del Pueblo vasco señala que es fundamental detectar aspectos de mejora que permitan “alcanzar a toda la población que se encuentre en riesgo de exclusión y posibilitar su acceso al sistema tanto en la vertiente de garantía de ingresos como de activación laboral”.

legitimar el sistemaEl texto divulgado ayer aporta información y hace reflexiones sobre algunas prácticas de Lanbide para plantear propuestas de mejora y soluciones a los problemas detectados. Según el Ararteko, “una de las carencias que se detectan y sobre lo que es urgente llevar a cabo una reflexión serena es la necesidad de hacer un mayor esfuerzo por mejorar la legitimación del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos para disipar la percepción negativa sobre este sistema que se ha instalado en algunos sectores de la población”.

El informe señala deficiencias en la atención a los ciudadanos y la presentación y registro de documentación y problemas en las diferentes fases de tramitación;observa discrepancias en la interpretación de la normativa de aplicación -como los requisitos para ser titular de una RGI- y de preceptos legales;hace propuestas de cambio normativo en algunas limitaciones para los perceptores de ayudas y en la reclamación de las cantidades indebidamente abonadas por Lanbide, y reclama mayor coordinación con los servicios sociales de Euskadi y con organismos estatales como SEPE.

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