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"la ley es inobjetable"

Aval internacional para la ley de víctimas de abusos policiales

Lakua entrega a Rajoy el informe del experto de la ONU Fabián Salvioli, que “no deja dudas”

Txus Díez - Martes, 25 de Abril de 2017 - Actualizado a las 06:03h

El secretario general de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, ayer en Lehendakaritza junto a Fabián Salvioli.

El secretario general de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, ayer en Lehendakaritza junto a Fabián Salvioli. (Foto: Efe)

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El secretario general de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, ayer en Lehendakaritza junto a Fabián Salvioli.

Gasteiz- La Ley vasca 12/2016 de Reparación de Víctimas, conocida como Ley de abusos policiales, cumple con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, según un informe realizado por el presidente hasta hace cuatro meses del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Fabián Salvioli, que ayer compareció en Lehendakaritza para presentar su estudio junto con el secretario general para la Paz y la Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández.

El informe, que obra desde la semana pasada en manos del Gobierno español, “no deja dudas”, dijo Salvioli, de la adecuación a la legislación internacional de una ley aprobada por el Parlamento Vasco el año pasado y que el PP pretende recurrir ante el Tribunal Constitucional por el papel que da a la Comisión de Valoración encargada de analizar las solicitudes de los damnificados. La investigación sobre posibles hechos delictivos por parte de este órgano compete exclusivamente a los tribunales de Justicia, alega el Ejecutivo de Mariano Rajoy, que interpondrá el recurso ante el TC el 10 de mayo si antes no se alcanza un acuerdo en la comisión bilateral.

“Se determina la responsabilidad objetiva del Estado , la vía penal es otra cosa y si se hubiera contemplado yo hubiera hecho el dictamen al revés”, señaló Salvioli, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales y catedrático de Derecho Internacional Público, que calificó el posible recurso de un “cuestionamiento legítimo”, pero que insistió en que el Estado “debe cumplir” con su obligación en esta materia. “No es mi opinión, es el derecho internacional”, enfatizó.

El experto presentó ayer al lehendakari Urkullu su informe y posteriormente expuso el mismo ante el Ararteko, Manu Lezertua, y representantes de la Cátedra de Derechos Humanos de la UPV/EHU en una jornada organizada en Gasteiz con la colaboración del Instituto Vasco de Criminología, el Instituto Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto, y Mondragon Unibertsitatea.

El documento, que según Jonan Fernández debe servir para eliminar desacuerdos con el Gobierno español “en torno al principio de centralidad de las víctimas”, deja cinco conclusiones principales. La primera de ellas es que “La Ley 12/2016 en su conjunto va en la dirección indicada por el derecho internacional, por los órganos internacionales de tutela y por los estándares construidos en materia de reparaciones a víctimas”. La segunda conclusión pasa por la constatación de que “las violaciones a los derechos humanos a las que se pretende reparar con la puesta en práctica de la ley son hechos que encuentran consistente jurisprudencia internacional armónica con la previsión legislativa”.

En tercer lugar, el informe destaca que en cuanto a la jurisdicción, el marco temporal, las personas beneficiarias, los principios de actuación y el procedimiento establecido, la ley “cumple con las exigencias determinadas en las normas y dictámenes de órganos internacionales en materia de reparación”.

Reparación integralLa cuarta conclusión habla de las medidas de reparación previstas por la Ley, que según Salvioli tanto en su habilitación como en el procedimiento específico -indemnización y rehabilitación- “coadyuvan al cumplimiento del derecho a la verdad”. Según el experto, estas medidas “se alinean con la reparación integral, principio por excelencia para el abordaje de violaciones a los derechos humanos conforme a la jurisprudencia constante a nivel mundial y regional”. Es más, Salvioli explicó que dichas medidas emanan también de “decisiones internacionales concretas respecto de España”.

Por último, el presidente del Comité de Derechos Humanos de la ONU en 2015 y 2016 concluye que “no cabe duda de que la plena vigencia y sin reserva de la Ley 12/2016, y su debida aplicación conforme al objeto y fin de la misma, será objeto de valoración muy positiva de parte de los órganos internacionales de supervisión de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos”.

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