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la corrupción salpica al PP

El juez investiga a 60 personas, entre ellos al exministro Eduardo Zaplana y al empresario Juan Miguel Villar Mir

EFE/EP - Lunes, 24 de Abril de 2017 - Actualizado a las 12:06h

Zaplana y Villar Mir investigados por el 'Caso Lezo'VER VÍDEOReproducir img

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Zaplana y Villar Mir investigados por el 'Caso Lezo'Reproducir

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha pedido información en la operación Lezo contra la presunta corrupción en el Canal de Isabel II sobre el exministro Eduardo Zaplana, el exconsejero Alberto López Viejo y el dueño de OHL Juan Miguel Villar Mir, éste último como investigado (imputado).

MADRID. Son tres de los nombres que figuran entre las decenas de personas sobre las que el magistrado ha pedido datos, algunos de los cuales han sido citados como investigados y otros no, han informado fuentes jurídicas.

Fuentes próximas al caso han precisado que Villar Mir sí figura entre los investigados por el juez, que la semana pasada ordenó doce detenciones, entre ellas la del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y la de Javier López Madrid, yerno del dueño de OHL.

López Madrid, consejero de esa constructora, quedó en libertad con fianza de 100.000 euros tras declarar ante el juez por el presunto pago de una comisión de 1,4 millones de euros al expresidente de la Comunidad de Madrid.

Fuentes de la compañía han declinado hacer comentarios sobre la imputación de su expresidente Juan Miguel Villar-Mir, ya que "no forma parte del equipo directivo ni del consejo de administración de la compañía".

Juan Miguel Villar Mir dejó la presidencia de OHL -que ahora ocupa su hijo Juan Villar-Mir de Fuentes- y el consejo de administración en junio de 2016. No obstante, sigue siendo presidente del Grupo Villar Mir, principal accionista de OHL.

El juez también ha pedido datos sobre el exministro Eduardo Zaplana, quien aparece en el sumario en conversaciones intervenidas a Ignacio González.

Fuentes próximas a Zaplana han recalcado que él no ha sido imputado y han agregado que es normal que el juez pidiera información sobre sus propiedades, pero que la investigación no ha pasado de ahí.

En el auto dictado el pasado viernes por el juez Velasco se recoge que González propuso al exministro "montar una estructura financiera" opaca en el extranjero para "canalizar algún tipo de operación a medio, largo plazo".

El propio Zaplana negó el sábado, en un comunicado remitido a Efe, haber tenido "ninguna sociedad ni relación mercantil" con Ignacio González y haber "participado ni auxiliado a nadie en la comisión de hecho delictivo alguno".

También figura entre las personas sobre quienes el juez ha pedido información el exconsejero de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, quien está procesado en el caso Gürtel.

Alberto López Viejo ha asegurado a Efe que no ha recibido ninguna notificación de que se le haya citado como investigado.

Otro de los focos de la investigación está en la reunión que mantuvieron el hermano de Ignacio González, Pablo, también detenido en el caso, y el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto.

Nieto, que comparecerá el viernes en el Congreso, ha asegurado en una entrevista con EFE que si hubiera sabido que Pablo González estaba implicado en ese caso, no se hubiera reunido con él. "Si lo hubiera sabido, le aseguro que esa reunión no se hubiera producido", ha dicho tajante.

De hecho, ha remarcado que ni siquiera tenía conocimiento de esa investigación, de la que solo supo en el momento en que se desarrolló la pasada semana.

Aún así, a la espera de su comparecencia, el PSOE, Ciudadanos y Podemos quieren que el ministro Juan Ignacio Zoido conteste mañana en el Senado a tres preguntas sobre esa reunión.

También piden explicaciones sobre el papel en este caso del fiscal general del Estado, José Antonio Maza, y del fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix.

El primero ha visitado hoy a los fiscales anticorrupción para felicitarles por sus éxitos y ha negado que exista una rebelión en el seno de esa Fiscalía.

El segundo ha subrayado que no intentó impedir el registro de la empresa Inassa, pieza clave en el caso Lezo como filial y responsable de las compras del Canal en Latinoamérica, sino retrasarlo.

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