GASTEIZ. Este estudio pone de manifiesto que a 31 de diciembre pasado 93.132 personas habían sido valoradas de su dependencia en Euskadi, de las cuales 72.817 tienen derecho a recibir prestaciones, un 4,5 % más que en 2015.

De ellas, un total de 31.247 familias reciben ayudas económicas en el País Vasco por los cuidados que prestan a sus allegados dependientes.

El informe detalla que en Euskadi el numero de beneficiarios ha aumentado un 11 % pero eso se ha logrado gracias al aumento de las prestaciones económicas para el cuidado en el entorno familiar y de la teleasistencia, ya que los servicios de ayuda a domicilio y las residencias apenas han tenido incrementos interanuales.

De hecho, esas ayudas a familiares alcanzan en Euskadi el 50 % de todas las prestaciones y servicios, mientras que en el conjunto de España no llegan al 34 %.

Por cada dependiente el gasto público en Euskadi fue de 7.957 euros anuales en 2016 mientras que la media nacional se situó en 6.833 euros. Euskadi ocupa el octavo lugar en la puntuación otorgada a cada comunidad autónoma en materia de dependencia y obtiene un 5,36 sobre 10.

La inversión del Gobierno Vasco para atender la dependencia representa el 86 % de todo el gasto público, ya que el Estado sólo sufraga el 14 %, "muy lejos" del 50 por ciento establecido en la ley, señala el Observatorio nacional de la Dependencia.

Por ello, denuncia que el "quebranto" acumulado para las arcas públicas vascas desde 2012 es de 58,8 millones de euros y considera por lo tanto "imprescindible" dotar de suficiencia financiera al sistema para "cumplir con la ley" y atender a los dependientes reconocidos.

En todo el país hay 1.213.873 personas en situación de dependencia reconocida, lo que supone que un 2,6 por ciento de la población. De ellos, 348.309 dependientes, el 29 por ciento del total, no reciben ninguna prestación o servicio, y 90 personas mueren cada día mientras esperan atención.

El recorte acumulado de la Administración del Estado en dependencia en los últimos cuatro años asciende a 3.734 millones de euros y se dan grandes desigualdades entre comunidades autónomas, con ocho suspensos y nueve aprobados.

Las calificaciones más bajas corresponden a Canarias (1,79), Aragón (2,5), Navarra (2,86), Comunidad Valenciana (3,21), Cantabria y Baleares (3,57), Cataluña (3,93), Ceuta y Melilla (4,29) y Asturias (4,64).

En el extremo opuesto, con las puntuaciones más elevadas se sitúan Castilla y León (8,93), La Rioja (7,86), Andalucía y Castilla-La Mancha (6,79), Madrid, Galicia y Murcia (6,07), País Vasco (5,36) y Extremadura (5).