EL 29 de febrero del año pasado llegaron a Roma procedentes de Beirut 93 refugiados sirios. Era el primer paso de los corredores humanitarios impulsados por la Comunidad de San Egidio (organización católica) junto a Iglesias Evangélicas tras firmar un protocolo con el Gobierno italiano.

Merece la pena fijarse en este programa piloto porque reúne varios de los componentes que requiere una acción solidaria urgente, sostenida en el tiempo y extensible al resto de países de la UE. Primero, porque aplica la propia legalidad europea que prevé visados con validez territorial limitada que cualquier estado miembro puede emitir por motivos humanitarios (artículo 25 del reglamento de visados). No se quejen, pues, de la desobediencia civil si los propios estados están haciendo trampas para no aplicar su propia legalidad.

Segundo, son las propias organizaciones junto a los actores locales los que seleccionan los casos de mayor vulnerabilidad para establecer prioridades a la hora de la acogida, se les da asistencia legal y son las autoridades italianas a través de los consulados las que establecen las comprobaciones oportunas de los expedientes. Aún hay más medidas para que los sectores reticentes en la sociedad italiana no puedan poner excusas: esta acción no supone carga alguna para el Estado porque son las organizaciones las que asumen el coste del traslado, la hospitalidad y acogida para un largo periodo y el apoyo en el itinerario de integración.

Como todos los proyectos llamados a ser un referente, los inicios han sido modestos en número pero ambiciosos en sus objetivos: se prevé la llegada de 1.000 personas procedentes de campos de refugiados de Líbanio, Marruecos, para atender la demanda de la población subsahariana que se agolpa a las puertas de Europa y de Etiopía. El objetivo es evitar la tragedia de las barcazas en el Mediterráneo y la explotación de las personas en redes de traficantes.

Las lección que se extrae de esta experiencia, ya en marcha y con notable éxito, es que es posible una operación humanitaria de gran escala fruto de la colaboración de la sociedad civil (en este caso en un claro ejemplo ecuménico) y las instituciones. Solo falta voluntad y espero que mañana, cuando el lehendakari Urkullu visite la Comunidad de San Egidio que recibió el premio René Cassin de los Derechos Humanos 2016, traiga a Euskadi una propuesta concreta que podamos aplicar en suelo vasco. Será el mejor reconocimiento a este grupo religioso cuyos esfuerzos por la paz, también en Euskadi, merecen un aplauso.